El mismo día que en Bruselas se hablaba del proceso de paz y se instaba al Gobierno español a comprometerse y hablar con ETA para abordar temas como la disolución o la liberación de los presos, el Tribunal Constitucional legalizaba definitivamente la cadena perpetua al rechazar, salvo en tres casos, los recursos presentados por 31 presos vascos contra la doctrina 197/2006. Una pésima noticia para los presos vascos y sus familias, para este país tan necesitado de pasos en la buena dirección para la paz y las soluciones definitivas, y para la necesaria humanización del conflicto. Una decisión que cierra las puertas a la liberación inmediata de decenas de presos y, a su vez, pretende abrir la puerta a un esquema donde el arrepentimiento, el perdón, el pago de responsabilidades civiles y la colaboración con la Justicia -que el Gobierno español llama la «vía Nanclares»- sean obligatorios, aunque no automáticamente efectivos.

Madrid desperdicia con alevosía la oportunidad para encauzar una solución. Euskal Herria debe analizar las implicaciones de esta noticia, con temple y constancia, multiplicando las iniciativas de todos y en todos los órdenes para encontrar la manera de liberarlos pronto. Es una prioridad.