Las maras salvadoreñas Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18 han mostrado su disposición a rebajar los niveles de violencia y a contribuir de manera activa a la pacificación del país, donde a diario se registran una media de catorce homicidios.

A través de un comunicado, aseguran que no desean «seguir haciendo la guerra ni mucho menos seguirla profundizando. El proceso que hemos abierto es histórico y será de mucho beneficio para el país, por eso pedimos que no lo bloqueen»

Emplazan a la clase política a «aprender de las lecciones del pasado» y a «no rasgarse las vestiduras con posiciones de ética y de moral presentando como algo malo hablar con nosotros, pues en varias ocasiones ellos nos han ofrecido ofrecido dinero y otras ofertas a cambio de apoyo a sus campañas y de cesar nuestras actividades». Asimismo, califican de «erróneos» los análisis que presentan a las maras como un mero «fenómeno delictivo». «Es necesario que los analistas entiendan de una vez que somos un fenómeno social y que la guerra que nos hemos visto obligados a librar tiene causas socioeconómicas y, por tanto, su solución no solo es legal y represiva, también debe contener medidas sociales y económicas», remarcan.

«Pese a los errores cometidos, no se nos puede objetar que somos salvadoreños y un subproducto de las nefastas políticas socioeconómicas derivadas de los modelos implementados en El Salvador desde hace muchos años que, incluso, nos llevaron a una guerra en la década de los ochenta», destacan.

Los integrantes de las maras se consideran «hijos» del conflicto armado entre el Gobierno y la guerrilla, pues «la mayor parte de nosotros perdimos a nuestros padres en ese conflicto, otros somos parte de hogares desintegrados debido a la emigración de nuestros padres a otros países o al desarraigo que produce el desplazamiento».

En el comunicado niegan que hayan alcanzado un pacto con el Gobierno de Mauricio Funes para reducir el número de homicidios a cambio del traslado de sus dirigentes a otras prisiones, tal y como publicó el periódico digital «El Faro», tachando de irreponsable dicha información.

«No pedimos que se nos perdonen las penas, sino que se aplique adecuadamente la ley, se nos trate como seres humanos, nos apoyen a reinsertar social y productivamente a nuestros miembros dándoles oportunidades de trabajdo y estudio y que no se nos reprima por el simple hecho de estar tatuados sin haber cometido ningún delito», concluyen.