Política penitenciaria de excepción
El TC avala la «doctrina Parot» al rechazar 25 de 28 recursos
Tras muchos meses de debate interno, el Constitucional español anticipa una decisión que da por buena la continuidad en la aplicación de esta fórmula de cadena perpetua. Tras el dictamen, solo serán excarcelados Jose Ignacio Gaztañaga, Juan Mari Igarataundi y Jose Mari Pérez, «Txuri»
GARA | MADRID
El Tribunal Constitucional (TC) español acordó ayer mantener la aplicación de la doctrina 197/2006 a 29 de los 32 presos que habían presentado recurso en contra de esta medida y solo aceptó las peticiones de nulidad de tres de ellos. De los recursos que se estudiaron ayer, 28 correspondían a presos políticos vascos.
Los recursos estimados, por unanimidad de los once magistrados que componen el Tribunal, han sido los de José Ignacio Gaztañaga -que fue uno de los primeros presos a los que se aplicó la doctrina que ampara la condena perpetua de manera encubierta, hace ya seis años-, Juan Mari Igarataundi y José Mari Pérez, según informaron fuentes del tribunal español.
Los abogados de los presos vascos no recibieron ayer ninguna notificación. El Constitucional se limitó a dar a conocer su decisión a través de una escueta nota de prensa. La notificación a los abogados podría producirse hoy, aunque otras fuentes apuntan a la posibilidad de que se demore hasta pasada la Semana Santa.
Según el listado publicado por «El País», los jueces rechazaron las alegaciones de Joseba Koldobika Artola, Juan Francisco Gómez, Jesús Bollada, Luis Mari Azkargorta, Ángel Luis Hermosa, José Javier Zabaleta, Txomin Troitiño, Fernando Astarloa, Pello Etxebarria, Antonio Alza, Juan Manuel Piriz, Inmaculada Noble, José Félix Zabarte, Jokin Urain, Gorka González, María José Uzkudun, Juan José Legorburu y María Lourdes Txurruka.
Durante las sesiones, el máximo tribunal español rechazó rechazado tramitar los recursos de Isidro Garalde, Mikel Turriente e Itziar Martínez.
El TC también desestima los recursos de Jon Agirre, José Ramón Martínez y Kandido Zubikarai, si bien no tiene efectos prácticos porque los tres se encuentan en libertad al haber cumplido ya su condena íntegra. Finalmente, queda como «pendiente» la decisión sobre Pedro María Rezabal.
Desde el pasado lunes, el Constitucional venía estudiando los 32 recursos de los 62 que fueron admitidos a trámite contra la aplicación de esta doctrina, instaurada por el Supremo en 2006, por lo que el cómputo de las redenciones que se aplican a un preso se realiza sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, tal y como se hacía previamente, lo que amplía su estancia en prisión e instaura la cadena perpetua de manera encubierta. En total, son 77 los presos vascos afectados hasta ahora.
En las sentencias en las que se han desestimado los recursos existentes existen varios votos discrepantes. En algunos de los casos recurridos existía previamente una liquidación firme de condena, y estos son los que se habrían aceptado, al presentar más problemas de constitucionalidad. Se trata de presos respecto de los cuales se fijó en firme una fecha para su salida de prisión antes de aplicarles la doctrina especial.
José Ignacio Gaztañaga fue condenado en 1997 a 153 años de prisión. Debería haber salido de la cárcel en 2006, pero le aplicaron la doctrina tan solo cinco días antes de la fecha inicial de su liberación, fijada para el 29 de marzo. De no haber sido aceptado su recurso, tendría que haber permanecido en prisión hasta marzo de 2018.
Jose Mari Pérez fue condenado en 1989 a 197 años de cárcel. En enero sufrió un infarto de miocardio en la cárcel de Burgos. En su localidad, Zarautz, se han sucedido las movilizaciones para exigir su libertad, ya que une la condición preso enfermo y, además, se le aplicó la doctrina 197/2006. Juan Mari Igarataundi fue detenido en 1987 y debería haber sido puesto en libertad en abril de 2009. Sin embargo, el nuevo criterio lo retrasó hasta junio de 2017.
La intención de una mayoría de los jueces del alto tribunal era, desde un principio, afrontar este asunto con el máximo consenso posible y caso por caso, sin necesidad de establecer una resolución general, si bien otro grupo de magistrados sí eran proclives a establecer unas pautas. La Audiencia Nacional ha aplicado la denominada «doctrina Parot» en un total de 87 casos entre 2006 y 2011.
El Tribunal Constitucional no veía este asunto en Pleno desde el pasado 20 de julio, cuando incluyó en su orden del día 16 recursos sobre esta doctrina, entre ellos el de Gaztañaga. Dicho pleno terminó sin que se alcanzara ninguna conclusión. En los últimos años, el Constitucional ha rechazado, «por cuestiones de forma», decenas de reclamaciones, entre ellas las de Unai Parot y José Antonio López Ruiz.
La reclamación de la anulación de las medidas especiales aplicadas a los presos políticos vascos ha sido repetidamente realizada por agentes vascos e internacionales, al considerar que es imprescindible para avanzar en el proceso de resolución del conflicto. El pasado 7 de enero, Bilbo acogió una de las manifestaciones más multitudinarias en defensa de los derechos de los presos vascos. La decisión del Constituciona supone un jarro de agua fría.
Satisfacción de Fernández Díaz
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que «partiendo de la premisa de respeto a todas las decisiones judiciales, quiero afirmar en relación con esta resolución que nos sentimos muy satisfechos con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la doctrina Parot». La Dirección Federal del PSOE, por su parte, se limitó a expresar su respeto por la decisión del Constitucional.
El presidente de la plataforma Voces Contra el Terrorismo (VCT), Francisco José Alcaraz, afirmó en declaraciones a Europa Press que «es de justicia avalar la doctrina Parot y que prácticamente el 100% de las víctimas apoyan esta postura. La doctrina Parot es mucho más blanda que la cadena perpetua», señaló Alcaraz.
Herrira comparecerá hoy en un hotel de Gasteiz para realizar una primera valoración de la decisión del Constitucional. Otro tanto harán por la tarde, ya en Donostia, los colectivos firmantes del Acuerdo de Gernika.
Aralar mostró su frontal rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional, calificándola de grave. «Para Aralar, la doctrina 197/2006 rompe con las normas principales y los principios del derecho penal. Por ello, reclamamos una reforma radical y desde su raíz de la ley, para equipararla a los códigos penales europeos y para que sea acorde con los tiempos y la modernidad. De hecho, consideramos que la doctrina no es solo una agresión a los derechos humanos, sino que es una actitud contra la modernidad. Por ello, opinamos que es necesario ubicar en parámetros democráticos el Código Penal», destacó la formación abertzale. GARA
Una nueva marcha convocada por Herrira recorrerá mañana las calles de Iruñea (17.30, Golem) para reclamar la liberación de los quince presos políticos vascos que padecen enfermedades incurables. Asimismo, los derechos de los presos políticos volverán a ser defendidos hoy en numerosos puntos de Euskal Herria, coincidiendo con el último viernes de este mes de marzo.
Aralar, EA y la izquierda abertzale mostraron su apoyo a esta movilización de Herrira, destacando que «la liberación de estas personas es una cuestión de urgencia médica, de respeto a los derechos humanos y de lógica política».
«Mantener en la cárcel a presos con cáncer, enfermedades cardiacas o cuadros síquicos graves, muchos de los cuales han cumplido ya toda su condena, supone incidir en una política penitenciaria de excepción que ya nadie se atreve a defender, pero que se sigue aplicando», destacaron las tres formaciones abertzales.
«El camino hacia la paz pasa por acabar con las situaciones más extremas que se están produciendo en las cárceles. Y si los gobiernos no tienen prisa, la sociedad vasca sí, los agentes políticos y sociales de este país sí, y estamos determinados a seguir dando pasos para que esta situación no se prolongue ni un minuto más», añadieron los tres partidos.
En este sentido, subrayaron que «liberar a los quince presos enfermos graves es un paso necesario y urgente. Es un paso que tienen que dar, lo sabemos en Euskal Herria y también lo saben en Madrid. Por eso nos parece muy grave retrasarlo por cálculos políticos, porque estamos hablando de personas en una situación médica delicada, cuyo estado de salud se está deteriorando gravemente por su estancia en prisión».
«Frente al bloqueo de Madrid, la solución está en Euskal Herria, en la activación social y en la movilización popular. Cuando las instituciones no están a la altura, es la sociedad la que lidera los procesos de cambio y la que acelera los tiempos que están por venir. Y el 31 de marzo vamos a ser miles de personas empujando para que liberen ya a los quince presos con enfermedades graves», destacaron EA, Aralar y la izquierda abertzale.
La demanda de liberación de los presos gravemente enfermos estuvo también presente el miércoles en el Congreso español de la mano de la diputada de Amaiur Maite Aristegi, que recordó que el Tribunal de Estrasburgo ha emitido recientemente una sentencia en la que condena al Estado francés por no liberar a un preso con una enfermedad mental.
«Esta sentencia es directamente aplicable al Estado español», añadió Aristegi, que consideró urgente que se adopte la misma medida en el caso de los presos vascos en la misma situación.
«Hay una lista de quince personas gravemente enfermas que aumenta día a día y que están en situación crítica», añadió la diputada abertzale, que insistió en la urgencia de su liberación para evitar consecuencias irreversibles.
La respuesta del ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, se basó en echar balones fuera y denunciar que Aristegi habló de presos políticos vascos, lo que calificó de «doble ofensa al pueblo vasco porque no todos los presos vascos lo son por ser etarras ni lo son por ser vascos sino por haber cometido un delito».
Junto a ello, Fernández Díaz señaló que «la legislación penitenciaria se aplica escrupulosamente con los presos que padecen enfermedades graves, sean vascos o no, sean etarras o no. La legislación penitenciaria es absolutamente respetuosa con los derechos humanos y contempla que no es la administración penitenciaria sino el juez de vigilancia penitenciaria el que puede conceder beneficios a los presos enfermos».
Asimismo, Fernández Díaz añadió que otra sentencia de Estrasburgo avaló la ilegalización de Batasuna. «Si ustedes aplicaran esta sentencia haría mucho tiempo que le habrían exigido a ETA su desaparición y condenado sus atentados», señaló. GARA
