Las detenciones de dos militantes de LAB en Iruñea -arrestados innecesariamente cuando, a lo sumo, arrojar pintura a la sede de la Confederación de Empresarios de Nafarroa constituye una mera falta- necesitan un contexto. No son ajenas a las repetidas declaraciones de la delegada del Gobierno español, que hablaba de «bandas organizadas de criminales» que camparon a sus anchas en Iruñea durante la huelga general, o a las del vicepresidente navarro, Roberto Jiménez, que afirmó que «solo hubo incidentes al paso de las manifestaciones abertzales». Tampoco lo son al intento de proyectar la persecución de LAB en un afán más general de criminalizar el derecho de huelga y coartar la labor sindical. Pero, sobre todo, quieren que esta dinámica de detenciones de sindicalistas funcione como una gran cortina de humo que haga socialmente invisible que el 29 de marzo Iruñea fue testigo de la mayor protesta de las últimas décadas. Pretenden esconder esa realidad, reduciendo la masiva contestación popular contra la política depredadora de derechos y de bienes colectivos a una cuestión de orden público. Conocen esa verdad, y precisamente por ello, siguen apostando por hacer la amalgama y traficar con las mentiras.