Arranca el proceso contra el jefe del golpe militar de 1980 en Turquía
El máximo jefe del Ejército durante el golpe de Estado de 1980 en Turquía y presidente del país hasta 1989, Kenan Evren, es juzgado desde ayer en Ankara junto a su lugarteniente en un proceso sin precedentes. La expectación es máxima y las víctimas de aquella asonada, la más sangrienta de una larga lista de intromisiones en la política, exigen justicia. El islamista AKP, en el poder desde 2002, se marca otro tanto en su pugna contra el poder fáctico militar.
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Los dos acusados, de avanzada edad y enfermos según sus defensas, no comparecieron en la primera audiencia en su contra, en la que son acusados de«crímenes contra el Estado» por liderar la asonada militar, que se saldó con cientos de ejecuciones y cientos de miles de detenciones y exilios.
Delante del Palacio de Justicia, miles de manifestantes, convocados por grupos de izquierda, reclamaron justicia para las víctimas del golpe y mostraron retratos de sus camaradas y familiares muertos en prisión.
La audiencia, la primera que juzga a responsables de la larga y sangrienta historia de golpes de Estado en Turquía, arrancó además con la presencia de diputados de partidos actualmente representados en el Parlamento turco y que se han perso- nado como partes civiles en el proceso.
Escudados siempre en nombre de la defensa de los principios de la república instaurada por Mustafá Kemal Atatürk, los militares turcos han protagonizado tres golpes de Estado contra gobiernos elegidos en las urnas en 1960, 1971 y 1980. A ellos habría que añadir otros tantos amagos y amenazas de asonada militar y una tutela asfixiante de la política turca.
El golpe de Estado del 12 de setiembre de 1980 fue el más sangriento: cientos de miles de personas detenidas, 250.000 inculpadas, medio centenar de detenidos ejecutados sumariamente en las primeras horas de la asonada y cientos muertos en prisión por torturas. Decenas de miles de turcos tuvieron que optar por el exilio.
«Estoy aquí porque no he olvidado. Espero que este proceso no sea una pura fachada», señaló Ali Imer, de 56 años de edad, quien fue encarcelado durante cuatro años y torturado ininterrumpidamente durante 87 días en la prisión de Malatya (este) por militar en una organización política de izquierdas.
Para muchos observadores, el reto de este proceso será juzgar, más allá del golpe de Estado, las violaciones masivas de los derechos humanos que conllevó.
Hasta el momento, Kenan Evren (94 años), y Tahsin Sahinkaya (86) han sido inculpados de «derrocar el orden constitucional por la fuerza», lo que está penado con cadena perpetua.
«Los torturadores están en la calle. Es necesario que respondan ante los tribunales», declaró Sezgin Tanrikulu, vicepresidente del opositor CHP. HRW coincidió en que, con las pruebas en la mano, el fiscal debe investigar sobre la autorización al más alto nivel para torturar». Durante todos estos años, Kenan Even, quien presidió Turquía de 1982 a 1988, y sus compinches han disfrutado de protección, pero una modificación de la Constitución en 2010, impulsada por el islamista AKP, en el poder desde 2002, puso punto final a su impunidad. El proceso se inscribe en la pugna entre el Ejército y el Gobierno, que trata en los últimos años de reducir la influencia política de los poderes fácticos, entre ellos el militar, el judicial y el político. Y es uno más de los juicios en marcha contra responsables de asonadas, que incluyen a cientos de detenidos, entre ellos muchos militares de alto rango.
Si el juicio a los golpistas es la cara del Gobierno turco, la cruz es la estrategia represiva por la que ha optado el AKP contra las ansias de libertad del pueblo kurdo. Ayer mismo, y en una nueva redada, la Policía turca detuvo en Estambul a 38 personas bajo la acusación de haber organizado los actos del Newroz.
Ankara les acusa de pertenecer a la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), una organización que trabaja a favor del autogobierno de Kurdistán Norte. El mes pasado, la Policía detuvo a decenas de personas bajo similares acusaciones. El Gobierno turco prohibió la participación en las festividades, tradicionales no solo para los kurdos sino para buena parte de los habitantes de la región, incluidos los persas. La represión de los actos, que dejó un saldo de al menos un manifestante muerto y decenas de heridos, provocó daños en el mobiliario urbano de Estambul.
Paralelamente, un tribunal turco anunciaba el procesamiento de 193 personas por sus vínculos con la Unión de Comunidades del Kurdistán. Entre los acusados figuran figuran políticos, académicos y periodistas. La detención del profesor de la Universidad de Marmara Busra Ersanli y de la editora Ragip Zarakolu desató protestas de organismos internacionales, que denunciaron a Ankara por perseguir la libertad de expresión.
Otros 150 políticos y activistas están incluidos dentro de otro macroproceso que se desarrolla en la ciudad de Diyarbakir, capital de Kurdistán Norte, ocupado por Turquía y que reclama desde hace un siglo el derecho a ser reconocido como ente político. GARA
