ELA analizó ayer los recortes que ha introducido el Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy (PP), en los presupuestos de 2012. Mikel Noval, secretario de Política Social, e Idoia Intxaurbe, del Gabinete de Estudios, pidieron a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea que no apliquen lo presupuestado por el PP porque supone «recortes del gasto que agravarán la recesión económica» y supondrá «un recorte de la protección social y un aumento del paro».

A juicio de ambos, «insiste en la política de empobrecimiento de la población», por lo que anunciaron que seguirán promoviendo la movilización sindical y social para frenar esa situación. Para ambos, solo con «un cambio radical de las políticas presupuestarias se puede reorientar la situación».

Noval recordó que «los recorten tengan que ser más intensos porque hay que pagar los intereses de la deuda pública, o la subida de la electricidad y del gas, se enmarcan dentro de una política nefasta socialmente, que está al servicio de las grandes empresas y de la banca».

Ataques al personal

Intxaurbe y Noval, por otro lado, denunciaron que esos presupuestos del Gobierno español son «un nuevo ataque a los derechos del personal al servicio de las administraciones». Lo argumentaron porque la nueva congelación salarial «supone acumular entre un 10% y un 13% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos años». Pero, a la vez, aumenta la jornada hasta las 37,5 horas y no se ofrece cobertura de las vacantes y ofertas públicas de empleo con «el objetivo de la destrucción de empleo público».

Por todo ello, los representantes de ELA pidieron a los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria que no apliquen las medidas del Ejecutivo español, teniendo en cuenta que las 35 horas fueron aprobadas por los parlamentos. ELA exigió una política fiscal que «incorpore la lucha contra el fraude fiscal».

Rechazo de CCOO

Por su parte, CCOO de Euskadi rechazó ayer los presupuestos del Gobierno de Rajoy criticando el incremento de la jornada laboral «una medida que afecta a los empleados de la Administración pública».

La central que lidera Unai Sordo coincide con ELA en que esta medida, unida a la congelación salarial, supone «un ataque a la negociación colectiva, pero también a los servicios públicos y de calidad». CCOO insistirá en que los acuerdos vigentes se mantengan sin esos recortes.