El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, apuntaba esta semana que el fallo del Constitucional sobre Sortu puede ser «inminente». Fuentes jurídicas de Madrid indican que la decisión está tomada toda vez que basta aplicar los criterios empleados con Bildu y añaden que no se esperará a la renovación del máximo tribunal español, comprometida para junio en una reunión entre Mariano Rajoy (PP) y Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) aunque en el fondo con pocos visos de materializarse. Sin embargo, y precisamente por la aparente seguridad del tema, otras voces cercanas a los máximos tribunales españoles aseguran que no hay prisa en dictaminar, dado que en el horizonte próximo no aparecen convocatorias electorales tras evidenciarse que Patxi López piensa agotar la legislatura en Gasteiz.

Esta última tesis no deja de resultar sorprendente, si es que a estas alturas algo sorprende todavía en el tratamiento de los tribunales españoles a los derechos civiles y políticos en Euskal Herria. Por un lado, porque la validación de los partidos políticos aparece fijada como piedra angular del sistema en su legislación. Y por otro, porque resulta muy difícil de entender que el Supremo necesitara apenas 20 días para prohibir el nuevo partido de la izquierda abertzale -es decir, para tomar la decisión de fondo- y el Constitucional necesite ya cerca de un año para revisarla -corregir siempre es más sencillo-. Sin olvidar que la sentencia de Bildu que se cita como la referencia jurídica válida para Sortu fue emitida el 6 de mayo de 2011, hace ya once meses.

Veto «exprés»

Desde la presentación del recurso de la Abogacía del Estado contra Sortu hasta la decisión de la Sala Especial del 61 del Supremo transcurrieron menos de tres semanas. Fue un proceso auténticamente «exprés», en el que el Alto Tribunal español declaró hábiles sábados y domingos de modo extraordinario. Y es que había que impedir a toda costa que una formación política de la izquierda abertzale concurriera a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo.

Los principios políticos y organizativos del nuevo partido habían sido presentados en sociedad en el Palacio Euskalduna de Bilbo el 7 de febrero por Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin, en un acto que no dejó indiferente a nadie por su alcance. Un día después comparecían los promotores del partido, diez personas de la izquierda abertzale que revelaban que la formación se llamaría Sortu y estaría representada por un sol naciente bajo una estrella en el cielo. La semana fue frenética para este grupo. El día 9 acudían al Ministerio del Interior a registrar sus estatutos, sonrientes, y se sometían luego al pim-pam-pum de ciertos medios españoles en una inefable rueda de prensa en la sede del Club de Amigos de la Unesco.

Apenas una semana después, el 16 de febrero, Interior remitía informes policiales que intentaban presentar a Sortu como un partido controlado por ETA, y algunos de los cuales se derrumbarían estrepitosamente en la vista de la ilegalización. Lo importante para Madrid era correr: el 3 de marzo la Abogacía del Estado presentaba la demanda de ilegalización, que el Supremo aceptaba a trámite el mismo día, la Fiscalía hacía otro tanto el día 7, y ya el día 23 la Sala del 61 guillotinaba al nuevo partido. Fue tras una ardua deliberación de diez horas, con nueve votos en favor del veto y siete en contra.

Mientras la coalición Bildu comenzaba su camino, que esta vez sí llegaría hasta las urnas después de una decisión del Constitucional al filo de la medianoche del inicio de campaña, Sortu quemaba su último cartucho ante un Supremo que funcionaba como un rodillo. El 7 de abril presentaba un incidente de nulidad contra la prohibición, pero era rechazado de un plumazo el día 14.

Ha pasado un año desde todo ello. Y once meses desde que Sortu presentó su recurso ante el Constitucional. Fue concretamente el 18 de mayo. Un mes después, el 22 de junio, el TC lo admitía a trámite. Para entonces, este mismo máximo tribunal ya había otorgado su amparo a Bildu, que debería dejar la vía de la legalidad expedita para Sortu. Ya en setiembre, pasado el verano, la Fiscalía y la Abogacía del Estado dieron su dictamen sobre el recurso. Desde entonces, el Pleno del Constitucional dispone de todos los elementos en su mano para zanjar una cuestión de derechos fundamentales y que afecta a muchas decenas de miles de votantes vascos. Pero sigue esperando, y haciendo esperar.