El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó ayer a Mikel Álvarez, Gorka Ovejero, Julio Villanueva e Ibon García bajo la acusación de «atentado contra la autoridad» por estampar tres tartazos en la cara a Yolanda Barcina durante la reunión del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), que se celebró en Toulouse en octubre de 2011. El cargo que se les imputa está penado con entre cuatro y seis años de prisión.

En el auto hecho público ayer el juez Pedraz sostiene que «ha de considerarse autoridad» a Barcina, en concreto como miembro del Consejo de Gobierno de una comunidad autonómica y que ese día presidía el Plenario de la CTP.

Destaca que se ha acreditado que Yolanda Barcina se encontraba «en el ejercicio de las funciones de su cargo» cuando recibió el impacto de las tres tartas y que se trató de «un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave».

Según fuentes jurídicas, Julio Villanueva, Ibon García y Mikel Álvarez podrían enfrentarse a entre cuatro y seis años de cárcel por un «delito contra la autoridad», mientras que a Gorka Ovejero se le aplica una agravante que podría elevar la pena hasta los diez años de cárcel, dada su condición de teniente de alcalde de Arruatzu, y «prevalecerse» de esa condición. Pedraz mantiene que podría apreciarse en él una agravante por su condición de autoridad.

El juez indica que entre los «elementos objetivos y subjetivos» que concurren para considerar los hechos como «delictivos», basta con que se dé «una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad» mediante un acto de «acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa».

En este caso, el juez Santiago Pedraz sostiene que los tartazos «se constituyen como tal agresión».

En un principio, el magistrado de la Audiencia Nacional española imputó a Ibon García, Julio Villanueva y Gorka Ovejero, a quienes el pasado mes de noviembre les prohibió abandonar el Estado español y les retiró el pasaporte.

Posteriormente, y a petición de la Fiscalía, extendió también la imputación a Mikel Álvarez, a quien no impuso ninguna medida cautelar el pasado mes de febrero.