El procesamiento de cuatro activistas de Mugitu! por lanzar tres tartas a la presidenta del Gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, el pasado mes de octubre parece una broma de mal gusto y, en cualquier caso, de nula gracia. De tan poca gracia que movería a la risa si no fuese susceptible de generar graves consecuencias. El juez Santiago Pedraz acusa a los cuatros activistas de «atentado a la autoridad» por su acción, molesta pero a todas luces inofensiva. Pretender que se trata de «acometimiento y empleo de la fuerza» no se puede entender más que desde la voluntad del juez instructor de seguir en la clave de pésimo humor de Barcina. Es posible que haya tenido en cuenta una terrible circunstancia apuntada por la destinataria del dulce ataque, como es el hecho de que los activistas eligieron merengue francés con la intención de dañar más aún el rostro de la presidenta, ya que, como ahora todo el mundo sabe, es más duro que otros. Sin embargo, lo que aparenta ser una broma pesada podría costar a los cuatro activistas varios años de prisión -en el caso de Gorka Ovejero, teniente de alcalde de Arruatzu, hasta diez-, por lo que se convierte en despropósito. Un despropósito que revela un talante represivo y sediento de pueril venganza por parte de la presidenta navarra, penosamente secundado por instancias judiciales especiales.