Diez colectivos sociales de Bizkaia: Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asamblea de Invisibles, Berri-Otxoak, Consejo de la Juventud (EGK), Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo, denunciaron la actuación de Lanbide porque está utilizando «una estrategia de demora de los expedientes» de las personas en exclusión y en la pobreza «para no aportar la prestación económica, que es vital para garantizar su vida». Denunciaron que en una coyuntura de crisis, «cuando más necesarias son las prestaciones sociales, el Gobierno vasco ha decidido hacer un recorte drástico de los derechos sociales. Es imperdonable», remarcaron.

Como explicaron a las puertas de la sede de Lanbide de Bizkaia en Alameda Mazarredo, el próximo viernes 13 de abril se cumplen cuatro meses del traspaso de la gestión de las prestaciones sociales desde los departamentos de Acción Social de las diputaciones a Lanbide. «Cuatro meses de vulneración permanente de derechos sociales básicos», como explicaron dos representantes de los colectivos que se dirigieron a los medios de comunicación. Remarcaron que, incluso, el Ararteko también ha constatado las irregularidades. De hecho, explicaron que en ese informe «se constata que el incremento del número de personas en riesgo de exclusión social, motivado por la crisis económica, junto con el endurecimiento de los requisitos para acceder a las ayudas sociales», ha disparado en un 320% las reclamaciones presentadas ante el Ararteko. Como dijeron los representantes de los diez colectivos sociales, el propio Ararteko confirma que «el endurecimiento en las condiciones para acceder a las ayudas sociales supone un retroceso en la cobertura social: hay muchas personas que no pueden acceder a las prestaciones sociales, a pesar de que se encuentran en una situación de `gran necesidad'».

A esa situación, los colectivos sociales unieron la demora «de varios meses en la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o los dos meses que se tarda en atender a las personas usuarias de Lanbide». Añadieron otras irregularidades como que «se impide realizar la solicitud de inicio y apertura de expediente para el acceso a las prestaciones sociales. Se niega la información sobre la situación de expedientes, solicitudes, recursos y reclamaciones».

Ante la gravedad del problema, los colectivos sociales denunciaron la irresponsabilidad del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Gasteiz «que está jugando con la vida de quienes no tenemos nada». Pero añadieron que esta situación «se verá agravada esta misma semana al terminárseles su contrato de trabajo a decenas de personas encargadas de la gestión de los expedientes relacionados con la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda, porque a los retrasos, ya acumulados se le unirá nuevas demoras de varios meses en la atención, al faltar personal e incrementarse las cifras de personas desempleadas».

Los colectivos sociales hicieron un llamamiento a Lanbide para que «ponga fin a este cúmulo de arbitrariedades, a la nefasta gestión y a la reiterada conculcación de los derechos sociales básicos que les asisten a las personas en situación de desempleo, con empleos precarios o perceptoras de pensiones muy por debajo del umbral de pobreza, para poder mantener una vida digna, ni más ni menos».