Ley de comunicación audiovisual vasca
Legalizando el monopolio de facto
Monopolio, comercialización y desnacionalización son términos recurrentes en este viaje que GARA e INFO7 están realizando por la situación legal de la comunicación audiovisual de Euskal Herria. La inexistente Ley de Comunicación Audiovisual Vasca es otro tema que aparece de modo reiterado en todas las conversaciones con el mundo de los medios vascos.
Alvaro HILARIO
La premura con que se tramitaron los decretos autonómicos mediante los cuales fueron convocados los concursos públicos para el reparto de 78 licencias para emitir en FM en Hego Euskal Herria nos hizo pensar, una vez más, que los gobiernos de Lakua y Nafarroa seguían caminando la senda emprendida hace años, senda que lleva a la monopolización de los medios de comunicación por parte de los grandes grupos con razón social en Madrid que les son afines políticamente. Aunque estamos analizando el tema de las licencias, no olvidemos que también el mundo de la televisión se caracteriza por ese monopolio que redunda en la comercialización y desnacionalización de los medios. Incluso el sector público, representado por EITB en la CAV, parece guiado más por criterios comerciales que por su función de sector público.
Está situación ha sido refrendada, sin prisa pero sin pausa, por todo el corpus legal generado desde finales de los 70. Podríamos decir que las leyes se han creado para legalizar el monopolio de facto que sufrimos; para laminar la pluralidad de la sociedad vasca y su reflejo en radios y televisiones.
Una herramienta necesaria para corregir este estado de cosas -en parte, al menos- sería una Ley de Comunicación Audiovisual Vasca y su correspondiente Consejo Audiovisual, su ente regulador. Dada la fragmentación institucional vasca esto es -obviamente- imposible. Sin embargo, la CAV, en tiempos del gobierno Ibarretxe estuvo cerca de tener la suya, igual que las comunidades autónomas catalana y andaluza tienen las propias.
Nafarroa también renunció a desarrollar la Ley, aunque llegó a tener un ente regulador del medio que, eso sí, no tenía capacidades reguladoras. Este, con la excusa de los recortes, desapareció en setiembre de 2011.
Ley nonata
«La Ley se acabó y tuvo el beneplácito de la consejera de Cultura. Era una Ley avanzada que buscaba el pluralismo y establecía porcentajes para la música vasca; que impedía desentenderse de la realidad vasca; que obligaba a tener en cuenta la realidad sociolingüística vasca de las demarcaciones que se fijaban para emitir», cuenta Ramón Zallo, uno de los profesionales que trabajó en aquel proyecto.
El proyecto de Ley contemplaba también la creación de un ente regulador, de un Consejo Audiovisual de la CAV: «Fijaba un Consejo formado por cinco personas que debían ser independientes: profesionales de consabido prestigio y desligados de partidos políticos. Este órgano debía velar para que las exigencias de idioma, de cuotas de producción propia no se sobrepasaran, que no se pudiera emitir en cadena. También debía controlar que determinados contenidos no afectasen a ciertos colectivos vulnerables (como la infancia)», prosigue Zallo.
La función del Consejo Audiovisual era, en definitiva, impedir que el dial, las ondas, se convirtieran en la actual «selva mediática», donde la ley del más fuerte puede, a base de potencia de emisión, usurpar frecuencias, como le sucedió a Eguzki Irratia, por ejemplo.
Pero la Ley no vio la luz. Fue rechazada cuando estaba en la fase de exposición pública. En opinión de Ramón Zallo, «Ortuzar fue decisivo», ya que, desde su lógica partidista, con EITB «tenían bastante».
En entrevista concedida a Info7, Andoni Ortuzar (parte del Gobierno de Lakua en diferentes responsabilidades entre 1991 y 1995 y Director General de EITB de 1999 a 2008) negó estas circunstancias. Señaló, además, que aquella Ley «no era realista ni viable» y que Zallo «partía en su proyecto de una visión excesivamente teórica del medio radio-televisivo». Ramón Zallo quien, además de profesor en la UPV fue miembro del Consejo de administración de EITB durante tres años, explica por qué, a su juicio, rechazó Ortuzar una Ley bendecida por el lehendakari Ibarretxe, perteneciente al mismo partido político que él: «Desautorizaron al lehendakari y su Gobierno. Al PNV no le gustó el modelo de órgano regulador. De hecho, preferían un órgano asesor, algo que en Europa no existe y, de hecho, solo la derecha española ha propuesto algo parecido», afirma Zallo.
A pesar de los pesares, en la aludida entrevista en Info7, Andoni Ortuzar dijo que «Lakua tendría que pensar en un espacio radio-eléctrico nacional vasco».
Decretos
Sin Ley, el sector se regula a través de decretos. Como hemos informado en anteriores ocasiones, los borradores de los proyectos de Lakua y el Gobierno de Nafarroa tuvieron alegaciones por parte de Euskalerria Irratia y Eguzki en Nafarroa (aceptadas en parte, recordemos, al dar importancia en el baremo a la programación) y Aralar y Eusko Alkartasuna en la CAV. «Lakua no nos hizo llegar el borrador», nos cuenta Juanjo Agirrezabala, parlamentario de EA en Gasteiz. «Interpusimos un recurso no de ley en el que pedíamos dos cosas: una, que se respetasen las medias sociolingüísticas en el reparto de licencias; la otra, que se reservara un porcentaje para las radios euskaldunes». Como ya sabemos, ni estas alegaciones ni las de Aralar (hechas en la misma dirección) prosperaron.
El decreto de Lakua, por otra parte, elimina las exigencias de producción propia y presencia del euskara que fijaba el anterior de 2004 para las radios y las televisiones digitales terrestres: «Está claro que, con este decreto, PSE y PP quieren reforzar a los grandes y provocar que los medios pequeños desistan. Muchas pequeñas radios que emiten en euskara, por ejemplo, pueden desaparecer con este decreto y este estado de cosas. No es normal el papel que se da a la parte económica y tecnológica de las propuestas», nos dice Juanjo Agirrezabala.
Corren nuevos tiempos en la política vasca y la presente legislatura de la CAV puede ser más breve aún de lo previsto por los plazos legales. EA, en su programa electoral recogía la aprobación de una ley: «Planteábamos un consejo regulador fuerte con capacidad reguladora y una ley del audiovisual. No se ha hecho, veremos en la siguiente legislatura», explica Agirrezabala.
Mikel Basabe, diputado de Aralar, resumía así, para Info7, la opinión de su formación política: «Es fundamental una ley que regule el sector en la CAV para, por ejemplo, defender a las radios más débiles. Si no hay forma de responder desde una situación neutral porque esta no existe, habrá que promulgar una ley para poder hacerlo. Esto debe tratarse en la próxima legislatura. Es un tema de voluntad política».
La prisa demostrada por PSOE, PP y UPN quizás solo atrase unos debates y unas decisiones que Hego Euskal Herria exige.
Arrosa irrati sareko Antxeta, Justuri, Hala Bedi eta Tas-Tas irratietako ordezkariek agerraldia egin zuten atzo Lakuako Gobernuaren aurrean, eta EAEko irrati lizentziak banatzerako orduan euskarak eta irrati komunitarioek izandako bazterketa salatu zuten, besteak beste. «Euskara hutsezko irratientzat lizentzia gutxi banatzen dira, eskualde batzuetan ez dago erreserbarik eta eskualderen batean euskarazko proiekturik ez bada aurkezten lehiaketara edo puntuazio nahikorik lortzen ez badu, frekuentzia hori ez da hutsik geratzen: zuzenean erdarazko irrati batek hartzen du», adierazi zuten. Irrati komunitarioen harira, hauentzat lizentziarik ez egotea eta komunitarioa izateak lehiaketan punturik ez ematea salatu zuten. Euren esanetan, 2010eko Ikus-entzunezkoen Estatu espainoleko Legeak 4. artikuluan dio pertsona guztiek eskubidea dutela «komunikabide publiko, komertzial eta komunitarioen bidez informazio anitza jasotzeko», eta lege horren bidez, «irrati komunitarioen egoera legeztatu eta normalizatu zitekeen, baina Eusko Jaurlaritzak aukera hori ere galdu du».
Oztopo horiez gain, egoera erregulatzeko izandako beste zenbait ere aipatu zituzten. «Abal handiak eskatu dira eta irrati txikiek zailtasunak dituzte diru kopuru horiek lortzeko». Alor ekonomikoak eta teknikoak puntuazioan irratien edukiek baino gehiago balio izana ere salatu zuten eta proiektuak aurkezteko hilabete baino ez dutela izan: «Proiektuak exijitzen duen lan karga handia kontuan hartuz, irrati txikientzat oso zaila izan da epe horretan lan guztiak egitea». Egoera honen aurrean eta oztopoak oztopo, lehiaketan parte hartzeko asmoa berretsi eta eskaera garbia egin zuten: «Premiazkoa eta beharrezkoa da Euskal Herritik sortutako hedabideen euskal lege bat sortzea» eta «alderdi politikoek eta bestelako eragileek gai hau euren agendan sartzea». GARA
El Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) es la autoridad de regulación de la comunicación audiovisual del Principat. Tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tanto públicos como privados. El CAC tiene como principios de actuación la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas, así como de la libre concurrencia del sector. Se rige por la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Catalunya, así como por la ley marco del sector, la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Catalunya. En enero de 2007, el Tribunal Constitucional español dio luz verde finalmente a la Ley catalana recurrida por el Gobierno de Madrid un año antes. El Consejo y sus competencias fueron uno de los puntos que no gustaron al Gobierno español.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, por su parte, ejerce sus funciones en los medios de comunicación audiovisual andaluces públicos y privados. Asimismo, ejerce sus funciones sobre otros medios con emisiones específicas para Andalucía, como las desconexiones regionales de RTVE. Las competencias se extienden también a las páginas web de los operadores bajo su ámbito de actuación. El CAA se rige por la Ley 1/2004 de 17 de diciembre, aprobada por el Parlamento de Andalucía.
En Nafarroa no se desarrolló ningún tipo de ley de lo audiovisual, lo cual no fue óbice para que se creara el Consejo Audiovisual de Nafarroa. Sin función reguladora ni sancionadora, desapareció en setiembre de 2011.
El periodista navarro Jorge Nagore retrato así al Consejo en su blog, el 25 de febrero de 2010: «El Consejo Audiovisual de Navarra nos cuesta este año 107 millones de pesetas. Tras ocho años de funcionamiento, el único rendimiento real percibido por la ciudadanía es que su presidente, el ex consejero Ramón Bultó, tiene algo con lo que entretenerse. Lo demás, humo».
El Consejo, por su parte, anunció que su desaparición «supone un retroceso democrático en la medida que se gubernamentalizan cuestiones relacionadas con los medios». Al parecer, cayó la última máscara. A.H.
