Catalunya ya tiene sus primeros ocho insumisos fiscales
Ocho ciudadanos catalanes registraron ayer por la mañana el pago correspondiente al IVA del primer trimestre en las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana, negándose a ingresar el valor del impuesto en la Agencia española y convirtiéndose así en los primeros insumisos fiscales del Principat. De fondo, el expolio fiscal sufrido por Catalunya en manos del Estado, un déficit que en 2009 llegó a los 16.409 millones.
Beñat ZALDUA |
«Es la hora de pasar de la reivindicación a la acción». Así de claro lo tenía Andreu Bartolomé cuando ayer por la mañana se convirtió en el primer insumiso fiscal de Catalunya. Junto a otros siete ciudadanos, presentó el pago correspondiente al IVA del primer trimestre de 2012 ante la Agencia Tributaria Catalana, explicando que de esta manera se negaba a ingresar un solo euro a las arcas del Estado español.
A la entrada de la Agencia catalana, los ocho insumisos -entre los que hay pequeños empresarios, autónomos y una jubilada-, denunciaron el expolio fiscal al que el Estado somete a Catalunya, principal razón de ser de la plataforma en la que se engloban: Diem Prou (Digamos Basta). Desde la plataforma, denuncian el gran déficit fiscal del Principat respecto al Estado, que un reciente estudio encargado por la Generalitat cifró en una media del 8% durante los últimos 24 años. Solo en 2009, último año del que se disponen datos, las cuentas arrojaron un saldo negativo de 16.409 millones de euros en detrimento de Catalunya.
Con estas cifras en la mano, Bartolomé, que tiene un restaurante junto a su compañera Maria Casademunt en Siurana (Tarragona), explicó que, desde su punto de vista, no están haciendo nada ilegal, ya que están siguiendo la decisión tomada por el pueblo de Catalunya en el año 2006, cuando aprobó el nuevo Estatut; un texto que ya contemplaba la gestión de los impuestos por parte de la Agencia catalana.
«Estamos hartos», resumió Bartolomé, convertido en portavoz del movimiento desde que, el pasado noviembre, fuese el primero en anunciar que dejaría de pagar sus impuestos a los recaudadores españoles. El insumiso añadió que la pelota está ahora en el tejado de la Generalitat: «Esperamos que Mas haga de presidente de los catalanes y haga un buen uso de los impuestos que hemos pagado; porque eso tiene que quedar claro, nosotros hemos pagado nuestros impuestos».
El apoyo de la Generalitat, sin embargo, no está nada claro. Pese a que el Pacto Fiscal es el principal objetivo de CiU, el Govern ha preferido no mojarse e ignorar, mientras pueda, la iniciativa. Algo parecido a la decisión tomada por Òmnium Cultural, que respeta pero no apoya la iniciativa de Diem Prou, ya que tiene «su propia línea de estudio» sobre la insumisión fiscal.
Sin embargo, de una manera u otra, la Generalitat deberá posicionarse. Fuentes de la propia Agencia Tributaria Catalana señalaron que ellos tienen la obligación legal de informar a la Agencia española del pago recibido, por lo que la incógnita ahora está en saber si los inspectores reclamarán a la Agencia catalana el ingreso del IVA o si acudirán directamente a los ocho insumisos a reclamarles lo que no ha sido ingresado en sus cuentas.
En cualquiera de los dos casos, el Govern tendrá que decidir si respalda la acción de los insumisos. Si la Agencia española reclama el dinero a su agencia homóloga en Catalunya, deberá decidir si entrega o no el dinero del impuesto -validando o dejando en nada la iniciativa insumisa-. Si, por el contrario, los inspectores españoles reclaman el impuesto a los insumisos, la Generalitat tendrá que elegir entre ser coherente con su propuesta de Pacto Fiscal y apoyar de alguna manera a los insumisos, o dejarlos a merced de la Agencia Tributaria Española.
Bartolomé señaló que sería «muy grave» que su acción acabase teniendo repercusiones legales, pero, ante la pregunta de si se siente respaldado, sentenció: «Nos sentimos respaldados por el pueblo de Catalunya, por su Govern, no tanto».
El ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer que a partir de ahora se va a establecer la obligación legal de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero, dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará hoy el Consejo de Ministros, aunque la mayoría de las medidas no entrarán en vigor hasta enero de 2013, excepto la limitación de 2.500 euros para los pagos en efectivo.
Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas, según detalló Montoro en el Congreso.
En cuanto a la regularización de rentas ocultas, Montoro hizo hincapié en que «no es una amnistía fiscal», sino «un gravamen sobre activos que están ocultos».
La mayoría de los grupos parlamentarios rechazó dicho plan por su injusticia con el resto de contribuyentes.
El diputado de Amaiur Rafael Larreina se opuso a que las instituciones vascas apliquen esa amnistía al considerar que va en contra de la gente de la calle, la solidaridad y el sistema fiscal. Por ello, pidió al PP que centre sus esfuerzos en atajar el «fraude legal» que se produce a través de las SICAV o los impuestos sobre las grandes fortunas y empresas.
El portavoz del PNV Pedro Azpiazu justificó su voto en contra porque considera que es un «auténtico chollo» para los que no pagaron en su día el 20% o más y ahora ven cómo se les aplica el «módico precio del 10% para el dinero que viene de paraísos fiscales». GARA
Andreu Bartolomé, que tiene un restaurante en Siurana (Tarragona), explicó que, desde su punto de vista, no están haciendo «nada ilegal», ya que están siguiendo la decisión tomada por el pueblo de Catalunya en el año 2006, cuando aprobó el nuevo Estatut.
