Mucho se ha escrito estos días sobre la expropiación de parte de las acciones que Repsol ostentaba en YPF (el 51%). Entre defender a una corporación privada de carácter multinacional o a un gobierno, en este caso el argentino, que en cambio actúa en defensa de los intereses de una nación soberana y de la sociedad a la que representa, nosotros, desde Amaiur, defendemos lo segundo.

Frente a los que defienden los negocios de un grupo económico que se expandió por América y África, aprovechando el momento de triunfo político y cultural del neoliberalismo y en medio de la corrupción rampante en aquellas regiones, nosotros defendemos el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales y estratégicos.

Nosotros comprendemos la preocupación de Argentina ante la grave situación que se vive en referencia a sus recursos energéticos.

Y más de ser cierto lo que indican los medios de comunicación, a saber, que entre 1998 y 2011 la producción de petróleo se redujo en casi 16 millones de metros cúbicos, 8,6 de ellos responsabilidad de Repsol.

El Gobierno argentino denunció en enero que en 2011 debió gastar 9.300 millones de dólares más que en el ejercicio anterior para importar combustibles.

Ese gasto se originó, según el Gobierno, por la baja en la exploración y explotación de crudo y la consiguiente merma en la refinación de combustible por parte de las firmas beneficiadas con las concesiones de tiempos menemistas. Concesiones alcanzadas a precio de saldo, de las que Aerolíneas Argentinas es el claro ejemplo.

En Argentina hay un déficit comercial que se genera por la importación de combustibles, que este año rondará los 13.000 millones de dólares. ¡Déficit de combustible en un país con recursos de hidrocarburos!

Ese déficit es atribuible, entre otros, al conjunto de multinacionales que operan en el rubro, pero especialmente a Repsol-YPF. Es la más importante, pues produjo en 2011 el 55,4 por ciento del crudo y el 43,8 por ciento del gas de todo el país. Las producciones no se mantuvieron ni aumentaron, sino que fueron disminuyendo.

Y en este escenario, además, y según un estudio de Barclays Capital citado por el diario «Expansión», el consumo de petróleo en Argentina ha crecido un 38% entre 2003 y 2010. El de gas lo ha hecho un 25%. Sin embargo, la producción de crudo habría caído un 12% y la de gas sólo ha aumentado un 2,3%.

Argentina, dicen los que conocen el tema, es un gran productor de gas y petróleo, pero se ha convertido en un «mercado maduro» desde el punto de vista energético: tiene ya sus campos de explotación en «fase de declive» y por primera vez su balanza energética ha sido deficitaria.

A esta situación hay que añadir el hallazgo del yacimiento de gas pizarra de Vaca Muerta, el tercero de hidrocarburos no convencionales más grande del planeta, con un valor de mercado estimado superior a los 250.000 millones de dólares, cuya explotación exige grandes inversiones. Su explotación convertiría a Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. Pero la puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Repsol en carta a la Presidenta Cristina Fernández era de sólo 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011.

El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, ha disparado la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos.

Por tanto, no es de extrañar que Argentina haya respondido a esta situación de gravedad.

Es por ello que compartimos que se desee recuperar para Argentina el control de su principal recurso natural. Argentina busca lo que busca cualquier país libre y soberano. Que sus recursos energéticos sean un bien de interés general y no un bien a la libre disposición de las multinacionales. El gas y el petróleo son recursos naturales a extraer del subsuelo de carácter finito que no pueden tratarse como meras «comodity» como los tratan las multinacionales. Unas empresas multinacionales preocupadas por la extracción, por llevarse todo lo que puedan y por repartir miles de millones de dólares entre sus accionistas extranjeros. Unas empresas que tampoco se hacen cargo de los costes medioambientales derivados de su explotación. Esto queda en manos, o no, de los estados.

El debate en los medios sobre la expropiación de YPF esconde que el 90% de las reservas de petróleo del mundo está en manos de compañías estatales públicas. Desde Noruega a Venezuela u Oriente Medio o Rusia. El propio Winston Churchill en 1914 apoyaba la compra por el Gobierno Británico de Anglo Persian Oil Company, porque «sin petróleo, el Reino Unido no puede mantener su economía». Nadie podrá tildar a Churchill de populista.

La declaración argentina de interés público del autoabastecimiento de hidrocarburos es algo lógico, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico con justicia social.

El conflicto, por tanto, hay que llevarlo a su adecuado término. Es un conflicto entre una multinacional (Repsol) y Argentina.

Repsol declara en el Estado español el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo y no es más que una empresa propiedad de sus accionistas. Además el 42% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en el Estado español, a lo que hay que sumar el 9'48% que está en manos de Pemex (México).

Y ese conflicto entre Repsol y Argentina tiene, de conformidad a la legislación comercial nacional e internacional, sus cauces de resolución conforme al Convenio de Protección de Inversiones Extranjeras de 1991 entre Argentina y España, el Convenio de Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones y la legislación nacional argentina. Corresponderá, pues, a Repsol como entidad acudir a dicha regulación y dirimir esta cuestión ante CIADI, buscando un arbitraje o impugnando la decisión ante los tribunales argentinos. Corresponde a este marco el dirimir si las decisiones de Argentina han sido arbitrarias y lesivas por mediar o no un interés general (nosotros creemos que hay interés general). Pero eso es algo que corresponde hacer a la entidad. Habría así mismo mucho que hablar sobre estos convenios y el CIADI, pero lo dejamos para otro día. Y corresponde a la legislación nacional argentina determinar sobre el justiprecio derivado de la expropiación (como el propio nombre indica, justiprecio, esto es, un precio justo). Expropiación amparada por la Constitución Argentina en su art. 17, tal y como se recoge en no solo en numerosas, sino en la mayoría de las constituciones.

No compartimos, por tanto, la escalada verbal y de declaraciones efectuadas por el Gobierno español, ni la política de confrontación, que desgraciadamente ha sido apoyada por el Partido Nacionalista Vasco en un acto irresponsable. Euskal Herria ha mantenido y mantiene relaciones históricas fraternales con Argentina. Son miles los vascos que por razones económicas o políticas tuvieron que marchar a ese país, siendo recibidos con los brazos abiertos. Muchas compañías vascas, grandes y pequeñas, pymes, cooperativas, profesionales de diversos ámbitos, sindicatos etc. mantienen relaciones que favorecen y deben favorecer a las dos naciones y a los hombres y mujeres que las habitan.

La falta de soberanía nos impide el que dichas relaciones fraternales sean apoyadas y alentadas por instituciones soberanas y representativas del conjunto de los vascos. Unas instituciones soberanas que respondiesen de forma adecuada a las necesidades sociales, económicas, culturales y de bienestar de Euskal Herria y que en vez de la confrontación buscasen soluciones por medio del diálogo basado en el respeto mutuo a las soberanías nacionales.

Nosotros creemos que en este caso hay que actuar con responsabilidad, y esto no pasa en ningún caso por arengar al Gobierno español, sino por el respeto a las decisiones soberanas de Argentina y por trabajar en asegurar que las relaciones de Euskal Herria con Argentina no queden afectadas por este contencioso. Ese será nuestro objetivo.

A los vasco-argentinos y a todos aquellos que en Argentina luchan por recuperar su soberanía nacional, un abrazo fraternal.