La decisión presidencial de re-nacionalizar YPF es el camino correcto hacia la recuperación de la soberanía nacional. Camino difícil y lleno de obstáculos, pero que hay que asumir y recorrer con mucha fuerza y esperanza.

Tenemos que apoyar a nuestra presidenta, que tuvo el coraje y decisión política de asumir este reclamo popular de años y debemos aportar desde cada lugar para fortalecer la decisión gubernamental que ha provocado más de un cimbronazo de intereses económicos y políticos.

El Gobierno español se escandaliza del Gobierno argentino defendiendo lo indefendible, a una empresa como Repsol que tuvo grandes ganancias y pocas, o ninguna inversión en el desarrollo de la producción petrolera.

Se sabía de las actividades de Repsol en otros países, pero la decisión del menemismo fue adjudicarle YPF y las consecuencias están a la vista.

No voy hacer comentarios de quienes apoyaron en las provincias las privatizaciones, y festejaban que eso era la gran solución a los problemas del país, pero debemos tener memoria y tener presentes a los diputados y senadores que aprueban leyes dañinas que después el país debe soportar para varias generaciones, como las leyes de impunidad, la ley antiterrorista y las privatizaciones, entre otras calamidades.

Recordemos a Aerolíneas Argentinas que Iberia desmanteló y fundió, llevándose equipos, motores, aviones y todo lo que pudo y después del desastre, el Gobierno argentino tuvo que asumir la re-nacionalización y hacerse cargo de la deuda y los desastres dejados por las empresas.

Hoy, la nacionalización de YPF vuelve al mismo problema, la falta de inversiones, el desabastecimiento, los costos y las deudas, los activos y pasivos que deja Repsol son enormes y es necesario tener mucha serenidad para volver a hacer rentable la empresa.

Muchas veces he señalado, y es casi un latiguillo, que un país que no controla sus recursos naturales y las empresas estratégicas necesarias para el desarrollo integral, es un país sin soberanía.

Este es un mal que afecta a Argentina desde hace décadas y ha llevado a un peligroso atraso al país que supo privatizar casi todo y sigue acumulando una deuda externa e interna inconmensurable que costará grandes sacrificios y esfuerzos rediscutir.

Repsol pretende cobrar a Argentina y pasar por acreedor cuando es el gran deudor del pueblo argentino. El Gobierno debe exigir a la empresa el pago de lo no cumplido.

Los países europeos protestan contra Argentina y dicen que el país no es seguro para sus intereses. Quienes no son seguras son las empresas transnacionales como Repsol y otras, que vienen a explotar y no a invertir para el desarrollo y la vida del pueblo. No esperamos caridad sino responsabilidad, y no la tienen.

Debemos hacer un fuerte llamado a los gobernantes y legisladores de que no es posible que actúen según los vientos que soplan a su favor en la especulación política.

Hay que establecer leyes para impedir que un Gobierno privatice los bienes y recursos que son patrimonio del pueblo y no de los gobernantes, tanto nacionales como provinciales. La decisión sobre ese patrimonio debe ser adoptada por el pueblo a través de consultas populares de acuerdo al derecho constitucional, evitando que se produzcan hechos semejantes.

Hay que salir de esta democracia delegativa donde los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben, y construir una democracia participativa con decisión en los grandes temas del país, en las políticas de Gobierno, evitando el feudalismo de las provincias.

Llegamos al agotamiento que acarrea más pobreza y marginalidad a nuestro pueblo.

YPF tuvo su etapa de esplendor y orgullo nacional, hoy es solo un recuerdo y el Gobierno actual debe remontar un pesado camino que deja la irresponsabilidad de Repsol.

No puedo dejar de señalar que el petróleo no es la única asignatura pendiente en la recuperación de la soberanía nacional. No estoy hablando de los nacionalismos trasnochados. El Gobierno debe actuar, antes de que sea tarde, sobre las empresas mineras, que se llevan el 97 % de lo extraído con una simple declaración jurada, y la venta del territorio nacional.

El país ha dejado su derecho soberano para someterse a tribunales internacionales que no tendrán en cuenta el derecho del pueblo argentino. Ponen en peligro la salud de los pobladores, recursos como el agua y el medio ambiente todo y, además, generan daños económicos a los pequeños y medianos productores. Ese es el fruto de la época de privatizaciones del Gobierno de Carlos Menem que se sometió a los intereses extranjeros y provocó grandes daños al país.

Esperamos que la decisión presidencial de re-nacionalizar YPF avance y para lograrlo debemos apoyar decididamente la recuperación de la soberanía, con serenidad y firmeza.