Agentes políticos, sociales y sindicales agrupados en Busturialdea Lan eta Bizi han iniciado una campaña para que la Diputación vizcaina rectifique y modifique el Plan Territorial Parcial (PTP) del área funcional de Gernika-Markina, cuyo plazo de exposición pública finaliza el 30 de mayo, después de que fuera ampliado el periodo para la presentación de alegaciones tras las quejas ciudadanas y de muchos ayuntamientos. Estiman desde la iniciativa que ese documento «es una imposición de un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta a los habitantes del lugar, por lo que no es ni solidario ni sostenible».

Al margen de la recogida de firmas contra el actual PTP y la exigencia de que se abra un proceso participativo real, los colectivos sociales están empeñados en explicar las consecuencias que traerá en los próximos 16 años su aprobación en los actuales términos. Preocupa el apartado referido a la vivienda, pues a pesar de que de las 24.596 viviendas construidas 6.665 están vacías o son segundas residencias, los responsables forales pretenden edificar 8.516 más, «obligando -advierten- a que se construyan, al menos, 5.322 viviendas, de las cuales 600 serán para el mercado de segunda residencia».

En base a datos del Eustat de 2010, se constata que el 61,77% de la vivienda de Sukarrieta es segunda residencia o está desocupada, porcentaje que alcanza al 52,45 en Ibarrangelu, 51,31 en Ea, 51,04 en Elantxobe, 46,68 en Busturia y 45,74 en Mundaka. Teniendo en cuenta que la población de Busturialdea es de 45.676 personas, según las estadísticas oficiales, les corresponden 538 viviendas por cada 1.000 habitantes, muchas en comparación con Europa, cuya media es de 105 por millar.

Reutilización

Tras un análisis pormenorizado, han llegado a la conclusión de que el principal problema no es la cantidad de viviendas, sino la accesibilidad de los vecinos de Busturialdea a las mismas. Detectan que hay 1.220 solicitudes de vivienda pública en Etxebide, la mayor parte de ellas de personas mayores de 35 años, lo que achacan a la «inestabilidad socioeconómica».

«El 40% de las personas a las que se les adjudicó una vivienda tuvieron que renunciar a la misma porque no consiguieron financiación para la compra», alertan. Asimismo, inciden en que las financiaciones hipotecarias que ofrecen las entidades bancarias y de ahorro a 30 o 50 años «encarecen el precio inicial de compra en un 80% y en un 149%, respectivamente».

Su propuesta pasa por conseguir un crecimiento «natural», estableciendo límites a la segunda residencia y a la especulación. Se inclinan por la reutilización de las viviendas vacías y su uso en base a una política de alquileres sociales, en la que los ayuntamientos podrían ejercer una labor de intermediación.

«Las solicitudes de alquiler social han aumentado en los últimos años, pero no hay una oferta capaz de satisfacerlas ni desde el sector público ni desde el privado», explican. De ahí su apuesta porque todas las nuevas viviendas que se construyan vayan destinadas al régimen de alquiler.

Los colectivos defienden que la única estrategia urbanística eficaz para conseguir el objetivo de que los pueblos sigan teniendo vida y no se conviertan en barrios dormitorios periféricos, es la de fijar a la población joven de origen y se deben ofrecer vivienda asequible para ello.