LAB criticó el desconcierto existente en Lanbide, tras asumir el Gobierno de Gasteiz solo las políticas activas de empleo y no las pasivas «con el acuerdo del PSE y PNV» y los problemas que está generando a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), «servicio que ha asumido y que lo ha subcontratado a la empresa Indra por varios millones».

El secretario de Política de Empleo de LAB, Oihan Ostolaza, el responsable sindical del sector de la Administración Juan Karlos Marcos y el delegado de LAB en Lanbide, Juantxo Larrinaga denunciaron el «fraude» de Lanbide y constataron que todos los pasos que se están dando caminan hacia su «privatización» y «el aumento de los recortes sociales».

Larrinaga aportó el dato de que hay demandas para recibir las prestaciones sociales desde julio y octubre del año pasado «pero no se atienden y a quienes estamos en la plantilla no se nos dice qué debemos hacer, porque no han cobrado y son gente necesitada». Indicó que la mitad de la plantilla se encuentra en condiciones precarias, «mientras que el Gobierno de Patxi López subcontrata con empresas privadas como Indra la gestión y control de la RGI».

Los tres representantes de LAB coincidieron en que se está produciendo «una nefasta gestión», que «falta planificación y coordinación entre áreas y entre oficinas» y, como denunció Juantxo Larrinaga, «hay un despilfarro de recursos económicos. Porque se está produciendo una utilización excesiva de empresas de servicios para realizar trabajos y estudios que podrían hacerse por la plantilla propia de Lanbide».

Juan Karlos Marcos remarcó en este caso que «todo esto nos lleva a pensar que el objetivo que están persiguiendo es una privatización progresiva de los servicios de empleo y formación, quedándose Lanbide con una tramitación casi exclusiva de las prestaciones sociales» y, por otro lado, «un recorte del gasto público a través de la utilización de los servicios de empleo como controladores sociales de los colectivos más desfavorecidos».

Oihan Ostolaza, entre otras cosas, pidió «terminar con la publicidad propagandista y el despilfarro de recursos y dinero público, así como las subvenciones a Confebask, UGT y CCOO».