En respuesta a una reclamación efectuada por la Caja de Vacaciones de la Construcción, varios inspectores de la URSSAF de Aquitania (similar a la Seguridad Social) acompañados de controladores de la Direccte (Dirección Regional de Empresas, de Trabajo y de Empleo) procedieron el pasado lunes a controlar in situ la situación laboral de unos cincuenta trabajadores de cuatro empresas «extranjeras» que están realizando las obras de reforma del paseo de la playa hendaiarra.

El objeto de la inspección fue, según Jean-Louis Rodriguez, inspector de la URSSAF, «comprobar que los trabajadores extranjeros se encuentran en situación de destino laboral provisional, es decir que los obreros han trabajado ya en su país de origen».

Los inspectores interpelaron a los trabajadores sobre su salario, el tiempo que llevaban trabajando «en Francia» o el lugar donde lo hicieron con anterioridad a la obra en cuestión.

Oficialmente, el objetivo del control era comprobar que no se trata de «trabajo ilegal» ya que cuando un trabajador es destacado temporalmente fuera de su Estado de origen, depende del régimen social del Estado en el que trabaja.

Descontento

Sin embargo, es probable que el descontento por la presencia cada vez más frecuente de empresas del otro lado del Bidasoa no sea ajena a la exhaustiva inspección.

Los trabajadores autónomos o empresas del gremio de la construcción de Ipar Euskal Herria no ven con agrado la actividad de estas empresas en su territorio ya que tienen verdaderas dificultades para competir con ellas dado que los costes salariales son bastante menores en Hego Euskal Herria.

Hasta hace poco, los autónomos o pequeñas empresas de Hego Euskal Herria se dedicaban mayormente a trabajos en domicilios privados pero, en los últimos años, sociedades más importantes se están haciendo cargo de obras más considerables, incluso de las promovidas por las instituciones públicas.

Tal es el caso de la del malecón de Hendaia, cuyas obras fueron adjudicadas por el Ayuntamiento labortano a la empresa guipuzcoana Altuna y Uría, que asegura que todos los contratos de sus trabajadores son conformes a la legislación.

Su finalización está prevista para dentro de un mes tras lo cual, esta misma empresa abordará la construcción de la nueva sala de cultura de la localidad de Angelu.