REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO
Al menos 14 detenidos en Nafarroa en una operación policial por el 29-M
La Policía española detuvo ayer a 14 navarros en una operación que comenzó por la mañana y que la Delegación del Gobierno no dio por finalizada. La mitad de los arrestados son menores de edad y, al menos, uno de ellos fue detenido cuando se encontraba en clase. Se les imputan delitos de desórdenes, daños y delito contra los derechos de los trabajadores durante la huelga general. Se ha convocado una movilización para hoy a las siete de la tarde.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Iruñerria vivió ayer una redada como no se había visto en dos años. La Policía española arrestó a 14 jóvenes a lo largo del día, según el último parte de la Delegación, aunque la operación seguía ayer abierta por lo que no se descarta que la cifra se amplíe. La delegada del Gobierno se comprometió a dar más detalles hoy. Se les acusa de desórdenes públicos, delito contra los derechos de los trabajadores y daños durante la huelga general del pasado 29 de marzo. Incluyendo a los detenidos el mismo 29-M, a los dos activistas de LAB y a los dos jóvenes de Lizarra arrestados días después, la Policía ha detenido a treinta personas por lo acontecido durante la jornada de lucha obrera.
De forma improvisada, los sindicatos LAB, ESK y CGT, así como colectivos de parados, anti TAV, ecologistas, Eleak, cargos electos, dirigentes de la izquieda abertzale y movimientos sociales, convocaron una multitudinaria rueda de prensa donde mostraron su rechazo e indignación por la «razzia brutal» de la Policía. «Actuaciones policiales como las de hoy en Iruñea no tienen cabida en una sociedad democrática. En cualquier lugar del mundo donde impera un mínimo sistema de libertades, las autoridades policiales y judiciales envían citaciones judiciales», censuraron.
Estos movimientos denunciaron que la redada tiene un objetivo político, que es «desviar el debate sobre las atroces consecuencias de la política económica y social que están aplicando PP, UPN y PSN». En concreto, aseguran que se eligió el día de las detenciones para ocultar «la injusticia que supone que miles de jubilados navarros tengan que pagar por sus medicinas o que decenas de enseñantes se vayan a quedar sin empleo por los nuevos recortes». Tras la rueda de prensa, los presentes decidieron protestar ante la comisaría de la Policía española.
Hoy tendrán lugar dos protestas por la actuación policial. La primera de ellas será a las 12:00 horas, cuando políticos y movimientos acudirán a la Delegación del Gobierno para intentar entrevistarse con la delegada, Carmen Alba. La que se espera más multitudinaria es la de la tarde, que ha cristalizado como una manifestación que arrancará a las 19:00 horas desde la plaza del Castillo. Ayer mismo, se celebraron varias asambleas en Alde Zaharra y otros barrios y pueblos de Iruñerria. En Mendillorri, agentes de la Policía foral retuvieron e identificaron a todos los participantes en la protesta.
La estrategia de criminalización de la lucha obrera del 29 de marzo comenzó el mismo día de la huelga. De los 12 primeros detenidos, 11 eran menores de edad. La redada de ayer dejó otros siete menores bajo arresto, aunque todos pudieron testificar y abandonar la comisaría en el mismo día. Se sabe que a uno de ellos los agentes fueron a buscarlo a su clase. Se prevé que los otros siete queden en libertad hoy tras prestar declaración ante el juez.
Las acusaciones comunes para los catorce son el delito contra los derechos de los trabajadores. A algunos de ellos se les imputaría también un delito de daños. Este estaría relacionado con la trifulca que se generó en el restaurante Chez Belagua, de la calle Estafeta, desde el que salieron varios esquiroles en actitud violenta para enfrentarse a un piquete. Los destrozos en ese local se produjeron al llegar más huelguistas.
Oskar Cayón y Berta García, los dos delegados de LAB que fueron detenidos días después de la huelga general, fueron juzgados ayer. En concreto, se les imputa su participación en un piquete contra la Confederación de Empresarios de Navarra, en la que se realizaron unas pintadas. Contrariarmente a lo que es habitual y, en todo caso, a todas las sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra, la Fiscalía defendió que se había cometido un delito de daños, ya que la factura de la limpieza ascendió a 3.709 euros. La práctica habitual por una pintada es calificarla como una falta de deslucimiento y tramitarla por la vía civil y, por tanto, la petición de la fiscalía supone una paso adelante en la penalización de estas reivindicaciones.
Por otro lado, compañeros de los dos sindicalistas celebraron a las puertas del tribunal un juicio paralelo, denunciando que los verdaderos culpables de la crisis que está sufriendo toda la sociedad siguen inmunes, mientras que lo que se criminaliza es el movimiento obrero. El ambiente en el juicio paralelo estuvo enrarecido por las noticias de la redada. A.I.
