EEUU aplaude la decisión de la UE de transferirle los datos de sus pasajeros aéreos
EEUU aplaudió ayer la decisión de la Eurocámara de aprobar transferirle los datos de los pasajeros aéreos, en nombre de la «lucha contra el terrorismo», a pesar de las dudas sobre su proporcionalidad y sobre la vulneración de los derechos de privacidad y protección de datos.
GARA | ESTRASBURGO
La Unión Europea (UE) aprobó ayer, con el voto favorable de su Parlamento, un controvertido acuerdo que autoriza a las compañías aéreas la transferencia a largo plazo a las autoridades de EEUU de los datos de pasajeros de vuelos transatlánticos, bajo el pretexto de la «lucha antiterrorista». Los ministros de Justicia e Interior de la UE darán el visto bueno al acuerdo el próximo 26 de abril.
Inmediatamente, el embajador de EEUU ante la UE, Williams Kennard, aplaudió la decisión, afirmando que garantizará «la seguridad de los pasajeros», ya que la cesión de datos «ha ayudado a prácticamente todas las investigaciones estadounidenses sobre terrorismo en los últimos años».
La aprobación del acuerdo, por una mayoría de 409 votos frente a 226 votos en contra y 33 abstenciones, se logró tras meses de polémicos debates por las dudas que suscita en torno al derecho a la privacidad de unos 48 millones de pasajeros.
El llamado Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en inglés) es creado por las empresas aéreas y recoge los datos obtenidos durante los procedimientos de reservas y chequeo. Incluye el nombre, dirección, número de teléfono, detalles de las tarjetas de crédito, agencia de viajes, equipaje y número de asiento de cada pasajero, así como «información sensible», a menudo relacionada con la elección de una comida por motivos religiosos o la solicitud de ayuda ante problemas médicos.
Esas informaciones ya eran transmitidas a EEUU en el marco de un acuerdo provisional alcanzado en 2007 y cuestionado por Europa. Los eurodiputados lo rechazaron en 2010 y hubo que renegociarlo.
Los partidarios del nuevo acuerdo apuntan que el texto actual ofrece mayores garantías en materia de respeto a las libertades individuales, algo que no convenció a los eurodiputados de izquierda, verdes ni liberales, así como a parte de los socialistas, que sospechan que esos datos puedan ser utilizados para otros fines, como la lucha contra la inmigración ilegal.
El acuerdo prevé que los datos no serán utilizados sino para la lucha contra el «terrorismo» o los crímenes graves, sancionados con al menos tres años de cárcel. Podrán guardarse hasta 15 años en casos de «terrorismo» y crimen organizado y deberán volverse anónimos en seis meses. El texto prevé, además, que si Washington necesita con urgencia datos de un pasaje, se le dé permiso para entrar en la base de la aerolínea y obtener toda la información necesaria.
La comisionada europea de Interior, Cecilia Malstrom, reconoció que el texto no era «100% perfecto», pero dijo que se habían logrado mejoras y que «respeta el derecho europeo».
Los estados francés y alemán pidieron ayer que los integrantes de la UE tengan derecho a restablecer durante 30 días los controles en sus fronteras nacionales, sin ningún tipo de control desde Bruselas, cuando consideren que alguno de miembros del espacio Schengen no consigue atajar un flujo masivo de inmigrantes.
En una carta, los ministros francés y alemán de Interior, Claude Cuéant y Hans Peter Friedich, respectivamente, señalan que los controles fronterizos internos tendrían un carácter temporal, pero insisten en que la decisión de aplicarlos debe corresponder a cada Estado, no a la Comisión Europea, y que ese es «un punto no negociable».
El Estado español suspenderá el Tratado de Schengen y restablecerá temporalmente los controles fronterizos con su vecino del norte durante la cumbre del Banco Central Europeo (BCE), que se celebrará el 3 de mayo en Barcelona, ante la previsible afluencia de activistas «antisistema» a la ciudad condal. Así lo confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Interior, que explicaron que la medida solo afectará a los pasos fronterizos en Euskal Herria y Catalunya. GARA
Los detractores del acuerdo consideran extralimitado que los las aerolíneas remitan por defecto los datos privados de los ciudadanos europeos al Departamento de Seguridad de EEUU, que puede guardarlos hasta 15 años en los casos de «terrorismo» y crimen organizado.
