El Tribunal Supremo español absolvió por falta de pruebas a la militante de los GRAPO Gemma Belén Rodríguez Miguel de la pena a 15 años de cárcel a la que le había condenado la Audiencia Nacional por colocar una bomba en una ETT de Vigo el 27 de setiembre de 2000, al considerar «incomprensible» la instrucción del juez Juan del Olmo, que duró más de 10 años y en la que no citó a declarar a la única testigo del caso.

En una sentencia hecha pública ayer, el Supremo estimó el recurso y acogió con «perplejidad» y «asombro» la investigación realizada, ya que la principal prueba contra la acusada era la identificación de su imagen realizada en sede policial por una empleada en prácticas de la empresa, que no volvió a ser citada hasta el juicio, una década después.