Rechazo generalizado al mazazo de Rajoy con el copago farmacéutico
La reforma sanitaria presentada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recibido duras críticas por parte de los principales agentes políticos, sindicales y sociales de Hego Euskal Herria que consideran que el copago por receta va a traer la liquidación del sistema público de salud, afectando a los sectores más vulnerables. Los sindicatos ELA y LAB apostaron por defender un sistema sanitario propio en Euskal Herria.
GARA | DONOSTIA
La última medida impuesta por el Gobierno de Rajoy, que introduce el copago por receta, no ha sido bien acogida ni en Madrid ni en Euskal Herria. Sindicatos, instituciones, pensionistas y asociaciones sanitarias ya han alzado su voz contra esta reforma que afectará especialmente a aquellos que menos recursos tienen.
Únicamente los pensionistas con rentas más bajas y los parados sin ningún tipo de prestación se librarán de pagar la receta. El resto tendrá que rascarse el bolsillo para abonar un 10% más en el caso de la población activa y entre 8 y 18 euros para los pensionistas. Precisamente este último sector es el que más sufrirá las consecuencias de la reforma al ser el que más necesita de fármacos.
Ayer mismo, la asociación de voluntariado social de mayores, Nagusilan, se pronunció en contra de esta medida y señaló que con las reformas que está imponiendo el PP en los últimos meses «están hasta el cuello» y denunció que todas estos recortes siempre terminan perjudicando a los más débiles.
«Un auténtico atentado»
En esta misma línea, el sindicado de Enfermería de Euskadi SATSE, alertó de los elevados costes administrativos que acarreará esta medida. Además, advirtieron que la calidad de los servicios sanitarios se verá mermada debido al recorte de 7.000 millones que «afectará directamente a los profesionales».
Sobre el copago de las recetas, que el sindicato califica como «repago», consideró que se trata de «un auténtico atentado» al principio de universalidad del sistema sanitario. Esta medida, que afecta con especial virulencia a los pensionistas, supondrá, según SATSE, que los mayores y las personas con renta más baja «no puedan acudir a la Sanidad en condiciones de igualdad». Por ello, apuntó que no se hará más que agudizar la brecha entre las personas con más recursos económicos y con menos acceso a ellos. «Se crearán nuevas bolsas de pobreza», sentenció, propiciando «una Sanidad para ricos y otra para las personas con menos recursos económicos».
En Madrid, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP) también criticó la puesta en marcha del nuevo copago farmacéutico. El cambió de tarjetas sanitarias que requerirá la reforma ascenderá, según esta asociación, a entre 470 y 900 euros. De hecho, según estas estimaciones, el gasto de gestión superará los ingresos previstos «al menos durante el primer año», tal y como afirma la entidad.
Fin de la sanidad pública
Bildu también lo tiene claro. En una nota publicada ayer, afirma que «los recortes decretados por el Gobierno del PP son una vuelta de tuerca más en la paulatina liquidación de los servicios sociales». Concretamente, advierte que las medidas que se van a aplicar en la sanidad pública abren las puertas a la privatización gradual de la sanidad y considera que se van a ir perdiendo niveles de calidad, de eficacia y de prestaciones.
Bildu recuerda asimismo que se va a perjudicar de manera directa precisamente a las personas enfermas, que son las que más necesitan de estos servicios, y añade que en esta sociedad los problemas sanitarios y los sectores más proclives a enfermar son aquellos entornos más desfavorecidos y con más carencias. Por ello, muestra su preocupación porque medidas como esta desmantelen los servicios públicos.
Desde la Diputación de Bizkaia también quisieron hacer publico su rechazo al último tijeretazo de Rajoy. El diputado de Acción Social y portavoz de la institución foral, Juan María Aburto, incidió el modo en que el líder del PP está llevando a cabo las reformas y afirmó que el Presidente del Ejecutivo de Madrid, gobierna «a golpe de decreto ley y con una improvisación alarmante».
Además, advirtió que la Diputación vizcaína estará «muy vigilante» ante la recentralización a la que Rajoy «pretende llegar aprovechando la crisis económica». En este sentido, Aburto no descartó nuevos recortes, por lo que instó a estar alerta para defender «el marco vasco normativo a través del Concierto y el Estatuto de Autonomía».
Sepultura al derecho a la salud
Para cerrar el círculo de críticas a la gestión de Rajoy, los sindicatos LAB y ELA rechazaron contundentemente las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad. A través de un comunicado, LAB apuntó que se trata de un nuevo impuesto a la sociedad y denunció concretamente la complicidad de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea.
La central sindical considera que esta última reforma deja negro sobre blanco que «los intereses de la banca, de las grandes empresas y multinacionales, de las aseguradoras, del lobby farmacéutico... están por encima de las necesidades de la clase trabajadora». Añade que «el Gobierno de Rajoy, y con él, el capitalismo español, ha decidido sepultar los derechos sociales, y entre ellos el derecho a la salud».
Para LAB la historia se repite, ya que asegura que «una vez más es la clase trabajadora la condenada a compensar el fraude fiscal consentido a las rentas altas y de capital». Recuerda asimismo que los trabajadores se enfrentan a un contexto de bajada salarial brutal, de congelación de pensiones y de extensión de la precariedad y la pobreza.
Ante esta situación, el sindicato tiene claro cuál es la alternativa: defender y construir un Sistema de Salud propio y gratuito que se aleje de las medidas «uniformadoras» impuestas por Rajoy y abogue por la creación de empleo estable y de calidad.
La legislación como excusa
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, por su parte, denunció durante una rueda de prensa en Bilbo que la política de Mariano Rajoy va «por unos derroteros en los que asume su suicidio político en la gestión de una agenda absolutamente neoliberal y antisocial».
Muñoz añadió que se está organizando una «pirámide perfecta» para imponer a las distintas administraciones «el mismo contenido antisocial» utilizando para ello «la coartada» de la legislación básica. Según el secretario general de ELA se trata de una treta más para agotar la capacidad de autogobierno y de decisión de las administraciones vascas.
Al respecto, Muñoz criticó la posibilidad de que las instituciones vascas asuman los mandatos de Rajoy «independientemente de las excusas que utilicen». El líder sindical calificó de «patética» la postura que está manteniendo Lakua, «con consejeras que dicen no me gusta pero cumplo si me obligan». Apostilló que a su parecer, en el fondo todos los partidos políticos están de acuerdo con esta agenda de «durísimos recortes», por lo que se mostró comprometido a desenmascarar «a toda la clase política que dé cobertura a este saqueo».
Ante este baile de tijeras y reformas, Muñoz abogó por una alianza sindical y social y recordó que la huelga general evidenció que hay una sociedad reivindicativa que está «dispuesta a pelear».
La presidenta del Ejecutivo navarro, Yolanda Barcina, aseguró que el Gobierno foral «no será insumiso» y prometió que aplicará las medidas de ajuste adoptadas por el Ejecutivo central «con agilidad pero sin precipitación» en el caso de las de obligado cumplimiento.
La consejera de Salud de Nafarroa, Marta Vera, declaró ayer que las medidas anunciadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad que hacen referencia a legislación básica deben trasladarse de «forma automática» a Nafarroa. Aunque, ante las críticas del PSN y oposición se remitió al texto definitivo para conocer si existe algún margen al respecto.
Según Vera, el copago en los medicamentos ya existe, lo que se hace ahora es cambiar la aportación que hacen los ciudadanos para el pago de la farmacia. Así, aludió a la necesidad de conocer el margen con el que cuenta el Ejecutivo para actuar al ser preguntada sobre si existe la posibilidad de ayudar a los colectivos más desfavorecidos.
«En cualquier caso si es legislación básica, como lo plantearon ayer en la Interterritorial, debemos trasladarlo de forma automática, no tenemos mucho margen dentro de lo que son nuestras competencias en materia sanitaria, es una de las pocas cuestiones en las que la competencia es del Estado y tenemos que aplicarlas», recalcó.
Las declaraciones de Roberto Jiménez (PSN) fueron por otros derroteros, a pesar de que gobierna en coalición con UPN, y calificó la medida impuesta por Rajoy de «repago». Así, rechazó la reforma sanitaria y afirmó que «estamos ante un Gobierno que no dice la verdad ni al médico». Acusó a Rajoy de engañar a los pensionistas durante la campaña electoral y aseguró que el PSOE, desde todas las instituciones en las que esté presente, intentará parar estas medidas.
La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, también criticó la decisión del Gobierno del PP al considerar que suponen «un paso más en la involución de derechos sociales formulada por el PP».
Declaró que es «vergonzoso que se quiera hacer creer que va a ser algo progresivo, que se va a pagar en función de la renta, cuando todos vamos a pagar más de lo que estábamos pagando». Respecto a la cartera única de prestaciones, apuntó que está «aún por concretar, pero en este proceso de centralización que pretende el PP va a ser una unificación a la baja, por lo que derechos adquiridos mediante la lucha y el esfuerzo se van a venir abajo». GARA.
Mariano Rajoy defendió ayer desde Bogotá los recortes en Educación y Sanidad y afirmó que «no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos porque hemos gastado muchísimo en estos últimos años».
El portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, consideró que, aprovechando la coyuntura de crisis, Rajoy quiere llegar a una «recentralización» de los servicios.
La asociación de voluntariado social de mayores, Nagusilan, criticó la decisión de Rajoy y señaló que con las reformas impuestas durante los últimos meses «están hasta el cuello».
LAB incidió en la necesidad de movilizarse contra los recortes que se plantean en la Educación. La EHIGE por su parte mostró su disposición a participar en las protestas que se convoquen desde este sector.
