Un asesor negoció con Bravo la quita de la deuda de sus clientes
El copropietario de la Asesoría Garo Carlos Hernáez Ortiz de Urbina aseguró ayer en la Audiencia de Donostia que negoció con el ex director de la oficina tributaria de Irun José María Bravo, la «quita» o «rebaja» de la deuda con Hacienda de tres de sus clientes. En este mismo sentido declararon varios de los testigos citados en el caso de supuesto fraude.
Iñaki TELLERIA | DONOSTIA
La reanudación en el Juzgado de Donostia del caso por el presunto fraude a Hacienda cometido desde la oficina tributaria de Irun deparó ayer la declaración de los primeros testigos. Entre ellos estuvo Hernáez Ortiz de Urbina, asesor fiscal de las empresas de transportes Saratrans y Maical, de Transportes Hermanos Romero y del agente comercial José Rovira.
En todos los casos, el copropietario de la Asesoría Garo reconoció que sus clientes tenían deudas con Hacienda y que negoció con José María Bravo la forma de hacer frente a esa responsabilidad con el fisco. Añadió que consiguió «quitas» y «rebajas», que oscilaban del 35 al 50% y fraccionamientos de las cantidades y que, una vez pagadas, Hacienda elaboraba un expediente de insolvencia y la deuda pasaba «a beneficio de inventario».
Ante la duda de si á palabra «quita» estaba siendo bien utilizada por Hernáez, el juez Iñaki Subijana le preguntó qué entendía por ello, a lo que el asesor fiscal respondió que «tras abonar una parte de la deuda, el resto se diluía, se extinguía» y, añadió que, de hecho, una vez pagadas las cantidades acordadas «ya no había más reclamaciones de Hacienda».
En el caso de la empresa Saratrans, de la que era propietaria María Angeles Calvo Aguado, su deuda con Hacienda era de doce millones de pesetas. Esta sociedad estaba al borde del cierre por lo que, por derivación de deuda, asumió el pago la empresa Transportes Internacionales Maical, de la misma propietaria. Hernáez declaró que, «tras llegar la requisitoria de la Hacienda de Donostia, me dirigí a la agencia de Irun, que me pilla a veinte metros de mi oficina -en relación a la sede de la Asesoría Garo-».
Una vez en el despacho de Bravo, el asesor fiscal señaló que negoció una rebaja de la deuda, de doce a once millones, y diversos plazos de pago en cantidades de 1,8 millones. «Bravo me decía que esta era la cantidad a pagar y que el resto iba a un expediente de insolvencia». Hernáez insistió en que el director de la agencia de Irun exigía los pagos en metálico.
«No me pidieron más»
La propietaria de ambas empresas de transporte, Calvo Aguado, confirmó que cuando hizo frente a los pagos, de los que recibía los correspondientes justificantes, su asesor le aseguró que «se había cancelado la deuda y, de hecho, no me volvieron a pedir más dinero».
En el caso de Transportes Hermanos Romero, Hernáez señaló que la requisitoria llegó de la oficina de Bergara, pero que también hizo las gestiones en Irun. Declaró que se trataba de una deuda cercana a los cinco millones de pesetas. El procedimiento fue muy similar. «Hablé con Bravo, me preguntó cuánto podía pagar mi cliente y Celestino Romero me dijo que 2.225.000 millones de pesetas, que era cerca del 50% de la deuda». Romero pagó esa cantidad «tras solicitar un crédito entre sus familiares».
También en este caso, el asesor señaló que «el pago de los dos millones era la quita y que Hacienda no iba a reclamar después. Me dijo Bravo que el resto de la deuda quedaría en situación de insolvencia».
El tercer caso al que se refirió Carlos Hernáez fue el del agente comercial José Rovira. Su deuda en este caso era de 90.000 euros. En esta ocasión el asesor llegó a un acuerdo con Bravo para el pago de 55.000 euros. «Creo que el pago se hizo en dos partes y Bravo aseguró que el expediente quedaba en insolvencia», añadió el asesor.
Llamada desde Hacienda
Hernáez declaró que, tras el pago del dinero de Rovira, recibió una llamada telefónica de Juan Carlos González Lombo, jefe de Unidad de Recaudación, en la que le propuso una cita. Una vez reunido con él, González le preguntó por el caso Rovira, ya que desde Hacienda habían reclamado a este contribuyente que saldara la deuda, a lo que este respondía que ya había pagado. «Me preguntó qué era lo que sabía de este caso y me anunció que al día siguiente aparecería publicado en El Diario Vasco. Entonces me di cuenta de que lo que mi cliente había pagado no se había ingresado en Hacienda», señaló Hernáez. El copropietario de la asesoría Garo añadió que con ningún otro director de oficina tributaria saldó deudas de contribuyentes con el sistema de Bravo. «De este importe no. Estas tres operaciones fueron extraordinarias por su calibre», puntualizó.
El propietario de Auto Electricidad San Marcial, José María San Sebastián Sainz, declaró que recibió la llamada de Bravo y que en su oficina negociaron cuatro pagos de 200.000 pesetas para zanjar su deuda con Hacienda.
El propietario de la imprenta Ondarribi Grafikagintza, Joaquín de la Fuente Idiazabal, reconoció que tenía una deuda con el fisco de cerca de cuatro millones de pesetas y que también fue multado por impago. Añadió que José María Bravo le citó y que le propuso pagar 500.000 pesetas y que «así quedaba saldada la deuda».
De la Fuente añadió que solicitó un crédito a La Caixa para pagar ese dinero «y se lo di en metálico en su despacho. Después de pagarle, me dio un certificado de que estaba a la orden día con Hacienda, porque lo necesitaba para presentar unos presupuestos en el Ayuntamiento de Hondarribia».
Por su parte, Pedro Etxaniz Estanga reconoció que la deuda que tenía con Hacienda por el impago del IVA la negoció con Bravo -a quien citó como «Txema» - aunque también hizo algunas de las gestiones con su hermana Ana en la asesoría Urdanibia. Etxaniz manifestó que su deuda era de 900.000 pesetas, pero que tuvo que pagar 300.000 pesetas por ella y 125.000 a la asesoría Urdanibia por la gestión. «Después me levantaron el expediente de embargo de bienes» aclaró, y le dataron un expediente de insolvencia. I.T.
