La propuesta de la coalición abertzale propone en su primer punto que el Ayuntamiento de Gasteiz «inste» a las autoridades competentes «a suspender las ejecuciones hipotecarias de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria».

Bildu insta al consistorio a que se aprueben «con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de los embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las entidades públicas». Asimismo, proponen que esas viviendas las puedan utilizar las familias desahuciadas en régimen de alquiler social no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible».

En el segundo punto de la moción, la formación soberanista pide que el Ayuntamiento inste a las autoridades competentes a la «modificación de la ley hipotecaria para evitar que el afectado por una ejecución hipotecaria de su vivienda habitual se quede con una deuda pendiente con la entidad financiera si esta se hace con la propiedad del inmueble».

Ley de arrendamientos

La propuesta de Bildu incluye la modificación de la ley de arrendamientos «para obligar a la entidad financiera a arrendar el inmueble ejecutado al afectado, en régimen de alquiler social» y añade que las leyes «deben prohibir, de cuaquier modo, el desahucio».

En la moción presentada ayer, la formación abertzale añade que el Ayuntamiento debe comprometerse a «apoyar y defender la paralización de las ejecuciones hipotecarias trabajando por la consecución de dicho objetivo en colaboración con las asociaciones de afectados y vecinales, y otras organizaciones sociales». Añade Bildu que el gobierno municial, en el marco de las competecias que tiene, debe «buscar alternativas que eviten las ejecuciones hipotecarias por motivos económicos».

Finalmente, la moción exige que se dé traslado de lo aprobado, entre otros, al Consejo de Ministros, «especialmente a los Ministerios de Economía, Justicia y Vivienda, al Parlamento autonómico y a los consejeros de Vivienda de la CAV y la Comunidad Foral Navarra», así como a plataformas de afectados, organismos sociales que trabajan este tema y asociaciones vecinales.