El amianto ha sido, seguramente, el mineral más utilizado a lo largo del siglo XX. Sus excelentes propiedades y su relativo bajo costo propiciaron que fuese recomendado y vendido como material milagroso y panacea de los aislantes. Debido a estas características se ha utilizado masivamente en la construcción de edificios, ferrocarriles, barcos, aviones, en la industria del automóvil, en aislantes térmicos, eléctricos y acústicos, en la industria siderometalúrgica, en instalaciones industriales, en la industria textil... En cambio, sus consecuencias, han sido nefastas para la salud y la vida de los trabajadores que fueron expuestos a este mineral: Produce asbestosis, placas pleurales, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, mesotelioma de pleura, mesotelioma de peritoneo y se está estudiando también que respirar amianto podría aumentar las posibilidades de contraer cáncer de estómago, intestino, esófago, páncreas, riñones...

Vigilancia de la salud. Se calcula que más de 25.000 trabajadores han estado expuestos directamente al amianto en la CAV. Si a esto añadimos la exposición al amianto por contaminación ambiental (personas que viven cerca del lugar donde se utilizaba amianto...) y contaminación doméstica (las esposas y los hijos e hijas de quienes trabajaban con amianto...), el número de personas en riesgo de contraer la enfermedad derivada del amianto se multiplica. Las enfermedades producidas por el amianto, a día de hoy, son una sentencia de muerte a largo o corto plazo. La diferencia está en el diagnóstico precoz. La identificación y tratamiento tempranos de todo cáncer pueden hacer aumentar la calidad de vida y supervivencia de las personas. Existe en el Estado español un Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los trabajadores y trabajadoras que han estado expuestos al amianto que, entre sus actividades, insta al Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con las comunidades autónomas, a crear un registro de trabajadores expuestos al amianto. Osalan ha publicado recientemente el fichero de trabajadores censados el 31 diciembre 2011, en el que constan 5.754 trabajadores expuestos al amianto. Pero este registro es muy limitado y no responde, ni de lejos, al número de trabajadores y trabajadoras que han estado expuestos al amianto en estos últimos años. Por lo tanto, queda mucho trabajo por realizar. Desde la asociación Asviamie nos proponemos concienciar a todas aquellas personas que hayan estado expuestas al amianto sobre la conveniencia de realizar reconocimientos médicos periódicos. El procedimiento es muy sencillo. Basta con acudir al médico de cabecera (atención primaria) diciendo que se ha estado expuesto al amianto y éste está obligado a iniciar los trámites para que el interesado sea incluido en el Protocolo de Vigilancia Sanitaria específica del amianto.

Centro de Referencia. Los efectos nocivos del amianto tienen un largo período de latencia (entre la exposición al amianto y la aparición de enfermedades puede pasar un periodo de entre 20 y 60 años). Si se tiene en cuenta que los años de mayor importación y utilización del amianto en la CAV fueron los de las décadas de los 60, 70 y 80, comprobamos que actualmente están aflorando muchos casos de enfermedades y que de aquí hasta 2025-2030 se producirá un aumento progresivo. Nuestra máxima preocupación es la atención a los enfermos. Por eso vemos necesaria la creación de un centro de referencia por parte de las autoridades sanitarias. Un centro de investigación científica avanzada del diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral del afectado. Un centro que ofrezca una asistencia de calidad continuada, personalizada y con el más alto nivel científico y técnico.

Fondo de Compensación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las administraciones públicas tienen el deber de indemnizar a los afectados por haber permitido el uso del amianto, lo mismo que las empresas por utilizarlo. En la actualidad solo se puede plantear, por vía judicial, una reclamación por daños y perjuicios a la empresa causante del daño. Para cuando se llega al primer juicio, el damnificado probablemente haya fallecido. A partir de aquí se inicia un largo proceso, que a los familiares les supone un suplicio añadido por el recuerdo de los sufrimientos padecidos durante la enfermedad y muerte del allegado, y que puede durar de cinco a siete años hasta que se resuelvan todos los recursos. En otros casos nos encontramos con que las empresas han cerrado e incluso desaparecido. Este fondo de compensación evitaría estas situaciones. En varios países europeos ya existe. El Parlamento Vasco ha creado una ponencia para estudiar y analizar la posibilidad de crear un fondo para compensar a los trabajadores afectados por el amianto en la CAV. Anuncia sus conclusiones para junio.

Desamiantado. A pesar de que la producción, el uso y la instalación del amianto se encuentran prohibidos en el Estado español desde 2002, miles y miles de toneladas de esta fibra cancerígena continúan instaladas en edificios, aparatos de calefacción, tuberías de agua, tejados de instalaciones industriales y ganaderas... en la CAV. Por tanto, se necesita una política activa de desamiantado. El Gobierno vasco, junto con los ayuntamientos, debe elaborar un mapa del amianto identificando todos los edificios que contengan amianto, un inventario de edificios de cualquier tipo que contengan materiales con amianto que en una primera fase se trataría de edificios públicos (colegios, hospitales, instalaciones de agua...) y en una segunda de los privados, para a continuación proceder, mediante un programa a corto y largo plazo, un desamiantado controlado y prioritario, en condiciones de seguridad, hasta su total eliminación. Esta sería la forma más segura de proteger la salud de los ciudadanos de este mineral asesino.