En 2009 los tribunales españoles impidieron la concurrencia electoral de la agrupación electoral D3M y del partido Askatasuna por considerarlas sucesoras de Batasuna. Además, la Audiencia Nacional ordenó una redada con detención e imputación de diversas personas. Para el próximo 3 de mayo está previsto el inicio del juicio en el que la Fiscalía pide entre 7 y 9 años para trece ciudadanas y ciudadanos vascos. Ayer, Amparo Lasheras, imputada por integrar D3M, Txerra Bolinaga, de Eleak, e Imanol Olabarria, solidario con los encausados, iniciaron un ayuno en un despacho del grupo parlamentario de Aralar para denunciar lo que consideran «un juicio político».

El encierro -anunciado a los medios de comunicación en una rueda de prensa ofrecida a las doce del mediodía con apoyo de parlamentarios de EA y Aralar- fue rápidamente abortado por orden de la presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga, que forzó la entrada de la Ertzaintza en las oficinas parlamentarias para desalojar a estas tres personas.

Lo sabía de víspera

Los tres encerrados comparecieron ante la prensa acompañados del portavoz de EA, Juanjo Agirrezabala, y del representante de Aralar, Dani Maeztu. También estuvo con ellos el parlamentario Mikel Basabe. Allí anunciaron que su intención era mantener un ayuno hasta el viernes por la tarde, momento en el que finaliza la acampada que se está desarrollando a las puertas de la catedral nueva de Gasteiz.

Lasheras, Bolinaga y Olabarria explicaron que su intención era «generar en el Parlamento un foco de denuncia» de lo que entienden como un juicio político, y expresar su solidaridad con los trece imputados, que se enfrentan a duras penas de cárcel por «tratar de ejercer su derecho de participación electoral».

Antes de que comenzara la rueda de prensa, era evidente la presencia inusual de agentes de paisano en los pasillos y otras dependencias del Parlamento, así como una furgoneta y otro vehículo con ertzainas de uniforme en el exterior. La tensión y la preparación eran evidentes.

Por fuentes que no provienen de los promotores de la iniciativa, la presidenta del Parlamento sabía lo que iba a ocurrir antes incluso de que, la víspera, EA y Aralar procedieran a la convocatoria de la rueda de prensa.

Durante la reunión de constitución de la Ponencia para la Paz y la Convivencia, el lunes a las nueve de la mañana, Quiroga comentó que conocía que al día siguiente [por ayer] se iba a convocar una rueda de prensa y que después comenzaría un encierro en la Cámara.

Orden de la presidenta

La cuestión del encierro fue comentada también en la reunión de ayer de la Mesa del Parlamento, que comenzó a las 10.30, hora y media antes de la rueda de prensa. Según ha sabido este diario, la Mesa de la Cámara no adoptó ninguna decisión al respecto. Sí hubo integrantes de la misma que comentaron que los parlamentarios tenían derecho a estar en su despacho con quien quisieran, aunque se mostraron críticos con que pudieran pernoctar en el interior del edificio.

La cuestión del ayuno y del encierro también se comentó en la Junta de Portavoces, que estaba convocada para las 13.00. Tampoco este órgano tomó una decisión, aunque los representantes de PP, PSE y UPD se mostraron partidarios del desalojo.

Según explicó a los encerrados el mando de los ertzainas encargados de la seguridad, fue la propia presidenta del Parlamento la que ordenó el desalojo inmediato de estas tres personas que se encontraban en el interior de las oficinas de Aralar.

Desalojo tranquilo

El encierro de las tres personas que querían denunciar el juicio político contra D3M y Askatasuna comenzó sobre las 12.20. Amparo Lasheras, Txerra Bolinaga e Imanol Olabarria de dirigieron a las oficinas de Aralar acompañados por los parlamentarios Juanjo Agirrezabala, Dani Maeztu y Mikel Basabe, y seguidos de cerca por un grupo de periodistas y por los miembros de seguridad de la Cámara legislativa. Una vez allí, se instalaron en una sala de reuniones, dispuestos a iniciar el ayuno.

Apenas una hora más tarde, el jefe de seguridad del Parlamento se personó en el lugar y les ordenó que salieran. Fueron desalojados uno a uno, sin apenas ofrecer resistencia, acompañados en cada caso por dos agentes de la Ertzaintza, además de otros cuantos que ofrecían cobertura a la operación.

Los sacaron por la puerta trasera del Parlamento y quedaron en libertad una vez que se encontraron en el exterior de las instalaciones. No fueron identificados, puesto que no era necesario porque al entrar ya tuvieron que dejar todos sus datos en la cabina de acceso.

Una vez desalojadas, estas tres personas volvieron a la acampada que durante toda la semana se está desarrollando frente a la catedral nueva, y que finalizará el viernes por la tarde con una manifestación por el centro de la ciudad.

Durante la rueda de prensa ofrecida con anterioridad al intento de encierro, sus protagonistas explicaron que el único «delito» cometido «por las trece personas que serán juzgadas en este sumario fue la intención de participar en las elecciones al Parlamento Vasco mediante la plataforma D3M o el partido político Askatasuna». Recordaron también que «el caso de D3M y Askatasuna no es un caso aislado. Mientras en Euskal Herria los pasos dados por el movimiento social, sindicatos y partidos políticos hacia un nuevo escenario son importantes, el Estado continúa en su actitud negadora».

En este contexto, el juicio que comenzará el 3 de mayo en la Audiencia Nacional «no es más que un reflejo de ello». Son decenas las personas que se encuentran en circunstancias similares.

Cuestión urgente

Tal como explicaron, «es precisamente esta conculcación sistemática de derechos civiles y políticos lo que queremos detener mediante el compromiso y la desobediencia».

A su entender «es una cuestión de urgencia y, sobre todo, de justicia que lo derechos civiles y políticos que posibilitan la crítica y la disidencia en sociedad sean restituidos». Sus reivindicaciones inmediatas se resumen en «la suspensión de todos los juicios políticos. La libertad inmediata para todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos civiles y políticos. La legalización de todos los colectivos sociales y políticos ilegalizados en la última década. La derogación de la legislación de excepción conculcadora de los derechos civiles y políticos».

La protesta de ayer apenas les duró una hora. Ni siquiera estar acogidos en sus oficinas por un grupo parlamentario evitó que la presidenta de la Cámara ordenara su desalojo inmediato.