Bravo garantizaba el fin de la deuda con Hacienda, según los testigos
Los empresarios que fueron desfilando ayer por la Audiencia de Donostia mantuvieron que con sus pagos, algunos con importantes rebajas, el ex director de la oficina tributaria de Irun José María Bravo les garantizaba el punto y final de sus deudas con Hacienda.
Iñaki TELLERIA | DONOSTIA
En la sesión de ayer del juicio que se sigue en Donostia contra el presunto fraude contra la Hacienda de Gipuzkoa realizado desde la oficina tributaria de Irun, desfilaron un buen número de empresarios y gestores que confirmaron que con el dinero que le entregaban a José María Bravo, el principal imputado, daban por saldadas sus deudas con el fisco.
Sin embargo, uno de los más rotundos en su declaración fue Santiago Tolosa Barrenetxea, un contribuyente que acudió a la agencia de Irun, no en calidad de empresario con problemas, sino porque al morir su madre le quedó una herencia que tenía un embargo de seis millones de pesetas. Tras recibir la notificación, se dirigió a la oficina de Irun, donde Bravo le propuso el pago fraccionado en dos partes. «Me dijo que tenían que ser dos pagos y que el justificante de embargo tenía que ser solo en metálico, ni ingreso en cuenta de hacienda ni nada», declaró Tolosa.
Este testigo añadió que en el primer pago siguió las instrucciones de Bravo, pero que en el segundo -de más de cuatro millones- se plantó y exigió pagar con un cheque, a lo que el director de la agencia accedió. Tolosa manifestó que, en cualquier caso, «había algo raro en el tema, por lo que le pedí justificantes y lo fotocopié todo. Guardé toda la documentación», añadió.
El testigo relató que, ya en 2006 cuando se destapó el caso, tras el interrogatorio de la Ertzaintza, el banco, a instancias del fiscal, «me informó de que el cheque que pagé no fue a la cuenta de hacienda, sino a la cuenta personal de Bravo».
«En persona y en metálico»
Posteriormente declaró José Javier Sanz Izquierdo, gerente de Comercial Celorriaga, empresa que en 1994 presentaba una deuda con hacienda superior a 30 millones de pesetas. Sanz recibió una citación de Bravo en la el director de la agencia tributaria le dijo que se había percatado de que «la furgoneta de Conservas y Licores de Irun era la misma de Celorriaga, que había investigado y que había continuidad de empresas, por lo que ésta se tenía que hacer cargo de la deuda de la anterior».
Sanz manifestó que acordó con Bravo el pago fraccionado de la deuda en cantidades de un millón o millón y medio de pesetas. «Le pagaba a Bravo en persona y en metálico, y luego nos daba un recibo firmado y con sello de la Diputación de Gipuzkoa», explicó.
El gerente añadió que «con el tiempo le dije que pensara otra forma de pagar, porque yo no quería llevar tanto dinero encima, por lo que a partir de ese momento empezamos a pagar en pagarés o talones bancarios».
Por su parte, María Jesús Loidi Arrieta, que era en 1997 contable de la empresa de su padre, Nicolás Loidi Mendizabal, señaló que, tras recibir una notificación de Hacienda y acudir a la oficina de Irun, Bravo les propuso pagar 16'9 millones.
«Tuvimos que pedir un crédito por lo que nos daba igual pagar de una vez, pero Bravo insistió en que teníamos que pagar en metálico y de forma fraccionada», declaró Loidi, quien añadió que «después de hacer los pagos, nos dijo que estaba saldada la deuda. Nunca tuvimos más requerimientos de Hacienda». Posteriormente, en octubre de 2002, desde Hacienda se databa el informe de baja por insolvencia de esta empresa.
El administrador único de Hispano Francesa de Maderas declaró que acordó con Bravo el pago de 8 millones de pesetas y que este «nos llamaba y teníamos que ir a su oficina con la cantidad de dinero que teníamos en ese momento»
El propietario de Trobisa, Miguel Angel Lorenzo, señaló en relación a la deuda de su empresa que Bravo le dijo «que si pagaba me haría la quita y se olvidaría la deuda». En 2002 se extendió el expediente de Trobisa por insolvencia.
En la jornada de ayer estaba citado a declarar como testigo González Cobos. Al final de la sesión el juez Iñaki Subijana informó de que esta persona había fallecido hace tiempo. Quien no se presentó fue Pedro Casares Bidasoro.
Otro de los declarantes ayer fue el empresario Angel Soldevilla Peña, propietario y administrador único de la empresa Angel Soldevilla. Reconoció que en 1995 tenía una deuda con Hacienda de 4,9 millones de pesetas -la mayor parte por no haber declarado el IVA-, de las que 1,5 millones eran el principal y el resto eran recargos y sanciones.
Soldevilla relató que le dijeron, aunque no recorbada quién, que «si pagaba los 1,5 millones, me quitaban el resto de la deuda. Fui a la oficina de Irun con dos millones en el bolsillo porque acababa de vender una máquina por ese precio -continuó su relato, precisando que había dos personas en el despacho de Bravo y que una de ellas estaba sentada por lo que dedujo que era Bravo- y me confirmó que bastaba con pagar 1,5 millones. No me preguntó si podía pagar más». Soldevilla pidió después un justificante de pago, «a lo que me respondieron que no hacía falta, que a los cinco años prescribiría la deuda».
El empresario añadió que, tras ese pago, no tuvo más noticias de Hacienda. I.T.
