La juez que investiga la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, al que le imputa un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y obtención indebida de ayuda públicas. Por este caso han sido encarcelados con anterioridad el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, y su chófer.

Durante su declaración de 36 horas, Fernández manifestó que fue su antecesor en el cargo y actual diputado del PSOE en Madrid José Antonio Viera quien, en 2001, adoptó la «decisión» de la que nació el convenio que la juez, Mercedes Ayala, señala como instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L eludiesen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales.

Tras escucharle, la juez dictó un auto en el que acusa a Fernández de haber hecho «dejación absoluta» de sus funciones, generando «enriquecimiento injustificado para unos y empobrecimiento para las arcas» de Anda- lucía debido al «despilfarro continuado» de los fondos públicos. Añade que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta «indiscriminadamente» y no eran de «público conocimiento» para los ciudadanos, y concreta que en su etapa como consejero se dieron 837 ayudas por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros.

Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, dijo que Fernández asumió su ingreso en prisión «con la conciencia tranquila».