El pasado mes de marzo se paralizó el desahucio de Obdulia Sastre y su hijo en paro, en un piso de Areta (Laudio), después de que el Banco Santander accediese a establecer un alquiler social para dejar a ambos vivir en esa vivienda, que su dueña pagó pero que se vio inmersa en un impago de un préstamo de uno de sus hijos. Ayer, acudieron al Banco Santander para intentar rebajar el alquiler social de 350 euros, porque «si paga, no puede comer», explicó Marta Uriarte, de Stop Desahucios Bizkaia.

Un grupo de personas se concentraron ante la sede central del Banco Santander en Bilbo en apoyo de la mujer, que está a cargo de su hijo menor ya que se encuentra en el desempleo. La abogada de Stop Desahucios Bizkaia contactó con la dirección de la entidad bancaria y aseguró, según explicó Marta Uriarte a GARA, que «van a replantear la propuesta inicial». Uriarte explicó a las puertas del Santander que Obdulia «tiene su piso pagado, no ha dejado de pagar ningún préstamo, sino que hizo de aval de un hijo que no ha respondido al préstamo hipotecario y se ha encontrado con que, de repente, tenía que irse a la calle».

Como explicó Marta Uriarte «Obdulia es una persona que lleva toda su vida trabajando, por lo que el hecho de que se vea ahora desprovista del único bien que ha adquirido durante toda su vida es una injusticia social». A juicio de la portavoz de Stop Desahucios, una cantidad razonable para el alquiler social sería «no superar los 200 euros». Es una cantidad que «para el banco no supone absolutamente ningún esfuerzo, por lo que esperamos que sea sensible a la situación de esta mujer y rebaje el alquiler. Porque todos sabemos que este banco declaró miles de millones de beneficios el año pasado».

Marta Uriarte alertó que en el último mes «han aparecido seis casos más de desahucios en Laudio», pero en el conjunto de Bizkaia suman «más de veinte». Con el Ayuntamiento de Laudio, Stop Desahucios creará un equipo para actuar de manera que puedan interceder para evitar que los afectados pierdan sus únicas posesiones materiales ante la situación de crisis.

Por otro lado, este próximo viernes se espera que el Gobierno de Gasteiz ponga en marcha el servicio de mediación, en el que está implicado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y desvele qué fórmula adoptarán para evitar los desahucios. Hay que tener en cuenta que desde que comenzó la crisis 7.923 personas han perdido sus viviendas en Hego Euskal Herria.

Por otro lado, El Ayuntamiento de Sestao aprobó habilitar una partida de 55.000 euros para ayudar a las familias inmersas en un proceso de desahucio de su domicilio habitual. Según los municipales, en 2011 se contabilizaron más de 50 casos de desahucio en el municipio, y solo en los cuatro primeros meses de 2012 ya se han iniciado más de una veintena.