El Estado salvadoreño reconoció ayer en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CorteIDH- en Ecuador su responsabilidad en la masacre de El Mozote, en la que el Ejército acabó con la vida de casi un millar de personas en 1981.

Victimas de aquella matanza testificaron ayer ante la Corte y los representantes del Gobierno. «Cuando comenzaron las ráfagas, yo logré huir con mis dos hijas y dos sobrinos más hasta un cerro. Así logramos sobrevivir» relató María del Rosario Lopez, que perdió a 22 familiares, entre ellos sus padres y algunos hermanos y sobrinos.

Dorilda Márquez que perdió a su madre, hermana, un hijo y sobrino, se quejó de que tras 30 años el caso sigue impune. «No denuncié esto a las autoridades por temor a que me mataran también» declaró.

La matanza fue perpetrada por el ya disuelto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y comunidades vecinas de El Salvador, país que por entonces estaba inmerso en una guerra civil (1980-1992).

En la sesión, los representantes del Gobierno se abstuvieron de realizar preguntas a los testigos, aceptaron la veracidad de las declaraciones y reconocieron la responsabilidad del Estado en la comisión de los hechos denunciados.

«El Estado salvadoreño expresa la disposición de aceptar las reparaciones solicitadas» dijo el director de Derechos Humanos de la cancillería de El Salvador, David Morales, quien afirmó que su Gobierno es consciente del sistemático proceso que hubo durante 27 años para negar los hechos.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió perdón en enero por lo que calificó como «la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana».

Funes es el primer mandatario de izquierdas tras dos décadas de gobiernos de derechas en El Salvador y su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, luchó contra el régimen en la guerra civil.

La audiencia de ayer inauguró el 45 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CorteIDH, que se extenderá hasta el viernes y analizará casos de Argentina, Guatemala y Honduras.