Una funcionaria desmiente los fallos de Hacienda en los que se escuda Bravo
La subinspectora de Hacienda María Eugenia Rebollo, que trabajó durante trece años en la oficina de Irun a las órdenes de Bravo, declaró que durante los más de veinte años que lleva en esta institución no ha detectado ninguno de los errores a los que alude su exjefe.
Iñaki TELLERIA | DONOSTIA
El principal argumento del que se sirve José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irun, para fundamentar su defensa en el caso que se sigue contra él por fraude a la Hacienda de Gipuzkoa consiste en acusar a esta institución de irregularidades en su funcionamiento que explicarían por qué, a pesar de haber sido ingresado, no aparece el dinero que le entregaron a él los contribuyentes.
En la sesión de ayer del juicio que se celebra en la Audiencia de Donostia declaró la subinspectora de Hacienda María Eugenia Rebollo, que afirmó que, durante los más de veinte años que lleva trabajando para esta institución, solo ha detectado un caso en el que se haya datado incorrectamente en un expe- diente el pago del dinero de un contribuyente.
Rebollo recordó que se trataba de José Agustín Azpeitia, un ciudadano que tenía una deuda con Hacienda por más de 100.000 euros y que, según su propia declaración, reconoció que hizo dos pagos en metálico a Bravo por importe de 67.800. La subinspectora declaró ayer que en 2006, y siguiendo el plan de inspección rutinario de Hacienda, citaron a Azpeitia en la sede de Donostia en relación a su deuda. «Vino muy alterado, chillando que porqué le citábamos de nuevo si ya había regularizado sus cuentas e insistiendo en que había pagado muchos millones», señaló Rebollo.
La técnica del fisco consultó su «aplicación informática» -en referencia a la ficha que Hacienda tiene de cada contribuyente- y «comprobé que allí no figuraba como pagado sino como insolvente». Este hecho se sumó a otra sospecha de Rebollo, a quien no le parecía «normal» que otro contribuyente, Pedro Lekuona, acudiera a la oficina de Irun a hacer sus pagos en metálico cuando podía hacerlos desde su localidad de Hondarribia ingresándolos en la cuenta corriente de Hacienda. «Yo conocía la oficina de Irun y le dije que esa forma de pago no se la habríamos aconsejado allí, a lo que me respondió que Bravo le dijo que tenía que pagar en metálico y a él personalmente».
Siempre en metálico
A preguntas del juez Iñaki Subijana, María Eugenia Rebollo, que trabajó con Bravo en la oficina de Irun desde finales de 1990 hasta 2003, explicó que «hasta los años 1994 y 95 los pagos de los contribuyentes que tenían deudas con Hacienda se hacían en metálico; desde 1995 hasta 2000 tanto en metálico como por la cuenta corriente; y a partir de 2000 solo por la cuenta corriente».
Sin embargo, hay testigos en este juicio que aseguran haber pagado en metálico después de 2000 y en todos los casos a Bravo en persona. Rebollo reconoció que «los expedientes con pagos más importantes los llevaba Bravo directamente». La subinspectora declaró también que el trámite de aplicar informáticamente en el expediente de un contribuyente su aportación de dinero se hacía directamente desde Irun, y no desde Donostia como declaró Bravo.
Asimismo, matizó que esta gestión se hacía al día siguiente de ser entregada una cantidad de dinero o un par de días después a lo sumo, si coincidía en víspera de festivo o de fin de semana. Bravo había declarado que el trámite se demoraba habitualmente por más tiempo.
Pedro José Lekuona reconoció que pagó al fisco 166.000 euros de los 192.000 que debía, que lo hizo en metálico por exigencia de Bravo y que, tras el último pago, el director de la oficina de Irun le dijo que «la deuda estaba saldada».
La subinspectora Rebollo declaró que tras informar a su superior jerárquico de la irregularidad encontrada en el expediente de José Agustín Azpeitia, éste le dijo que iba a hablar con «Juanjo», en referencia a Juan José Mujika, diputado foral para la Fiscalidad y las Finanzas.
La técnica de Hacienda manifestó que no le «consta» que a algún cajero de Hacienda no le cuadraran los datos entre los ingresos de dinero que se le presentaban y los datos del contribuyente, porque «llevaban el número de expediente correspondiente».
Juan Antonio Legarreta Sampaio era el propietario de Talleres Lega y tenía una deuda con Hacienda de 1,5 millones de pesetas. En su comparecencia como testigo en el juicio declaró, en relación a José María Bravo, que se dirigió a él para negociar plazos porque «por el boca a boca se sabía en Irun que había una persona en la oficina recaudatoria con la que se podía hablar». Pagó el total de la deuda a Bravo en un año, en mensualidades de algo más de 100.000 pesetas, «porque él me pidió que llevara el dinero en metálico».
Otro de los declarantes en la jornada de ayer fue Alvaro Artaza, gerente de la empresa Nitrex, quien asumió que a mediados de los años 90 tenían una deuda con Hacienda de 13 millones de pesetas «11,5 del principal y 1,5 de recargos». Artaza manifestó que, tras descontarles 6 millones del IVA que les daba positivo, llegó a un acuerdo con Bravo para pagar un talón por 5,5 millones «por lo que no tuvimos que pagar los recargos», a pesar de que reconoció que tenían posibilidades económicas para hacerlo. I.T.
