Las políticas impuestas por la troika (Banco Central Europeo y Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional) son profundamente antidemocráticas, no respetan las reglas del Estado de Derecho, violan los derechos civiles, sociales y culturales del pueblo europeo, benefician al capital financiero y a las clases dominantes y, además, son políticas que pueden ser tipificadas como crímenes contra la humanidad. En la Unión Europea se están dando golpes de Estado financieros que están provocando un estado de excepción permanente; es fehaciente la suspensión de los derechos humanos y la pulverización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Ramonet (2011) considera que los bancos de inversión, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los fondos especulativos (hedge funds) son quienes constituyen el mercado y que las economías nacionales no pueden resistir el ataque de los mismos, teniendo en cuenta que son los propios bancos europeos los que especulan con las deudas soberanas. Bucle infernal que se cierra con las medidas de austeridad y los ajustes decretados por los gobiernos europeos para calmar a sus propios bancos.

En Grecia, las medidas impuestas en los rescates por la troika están convirtiendo al país heleno en un banco de pruebas de las políticas neoliberales más extremas. Se quiere convertir en un área económica privilegiada para los inversores. No obstante, los sectores más agresivos del capital griego -banca, construcción, navieras, industria y energía- apoyan abiertamente las medidas mencionadas. La alianza contra las mayorías sociales es un hecho. La nueva legalidad internacional y comunitaria sustentada en leyes, reglamentos y sentencias está dando lugar a una constitución global que apuntala el poder de las clases dominantes. En Grecia, la troika establece mecanismos de supervisión en todos los ministerios del gobierno griego, lo que implica medidas neocoloniales que cercenan la soberanía nacional. Sotiris (2012) entiende que «la UE se está convirtiendo, a pasos agigantados, en la institución más reaccionaria y antidemocrática desde la época del nazismo. No es suficiente hablar de déficit democrático. Estamos enfrentados a un agresivo intento de imponer condiciones pos-democráticas que restringen la soberanía y el control democrático. Y dejan poco o ningún espacio para el debate y la confrontación sobre las opciones políticas, ya que estas son dictadas por los mercados a través de los mecanismos supervisores de la UE».

Desde una perspectiva normativa, el capital ha conseguido de los distintos Estados e instituciones globales, reformas dirigidas a garantizar la libertad absoluta de capitales y convertir en principio jurídico universal la supuesta estabilidad financiera; se disloca la jerarquía normativa internacional, al situar los derechos del capital por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales.

En la Unión Europea las medidas de austeridad impuestas por los tecnócratas del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central, usurpan a la ciudadanía las decisiones sobre política económica. Además, imponen, junto a la presión de la banca, gobernantes que acceden al poder sin someterse a ningún control democrático. El primer ministro griego y el presidente del Consejo de Italia, son los ejemplos más claros. Ambos son miembros de la Trilateral y han trabajado para Goldman Sachs. Por otra parte, la presión de los lobbys empresariales y financieros y las «puertas giratorias» entre responsables políticos y económicos son expresiones de la crisis de legitimidad de los gobiernos europeos. El poder financiero en la UE se traduce en 16 países con banqueros en puestos claves de responsabilidad política. En el gobierno de Rajoy, la vinculación de las empresas transnacionales y del sector financiero -la banca de inversión, la gran banca nacional, las consultoras financieras y los seguros y fondos de pensiones privados- con el poder político se materializa en puestos claves; así, los ministros de Economía, Hacienda, Defensa y Medio Ambiente y numerosos altos cargos.

En la Unión Europea, las decisiones «legislativas» más importantes aprobadas para afrontar la crisis financiera se han tomado al margen de los procedimientos democráticos: los denominados acuerdos Merkozy son prácticamente constituyentes, se toman sin debate ni contraste democrático alguno, las instituciones de la UE únicamente «ratifican» los acuerdos mencionados. Además, las reformas constitucionales rápidas y fuera del debate público sobre el endeudamiento y el déficit, las visitas de la troika a los gobiernos en crisis, la presión sobre el gobierno griego para evitar el referéndum sobre las medidas de ajuste y los acuerdos secretos de carácter constituyente sobre temas económicos, sociales y políticos de Davos, son expresiones fehacientes de la pulverización del Derecho legislativo y de la imposición de medidas contra los derechos humanos. Son decisiones aprobadas por élites burocráticas y dirigidas a sostener el poder de las clases dominantes.

En este contexto, las desregulaciones, las privatizaciones, el retroceso de las políticas públicas, los presupuestos de excepción, la supresión de los derechos sociales y laborales, el desempleo, la exclusión social, los desahucios y los suicidios que han aumentado de manera muy notable -el cuarenta por ciento en Grecia- afectan al núcleo esencial de la dignidad de las personas.

Las medidas tomadas por la troika están sometiendo, al menos, a la ciudadanía griega a condiciones extremas que pueden tipificarse como crímenes contra la humanidad. Es ilegal e ilegítimo cualquier préstamo que tenga como contrapartida la aplicación de políticas que violan los derechos humanos. Como afirman Toussaint y Viven (2011) «... estos acuerdos, que generan nuevas deudas y que imponen a las poblaciones unas medidas de austeridad sin precedentes, pueden ser cuestionados con los fundamentos del derecho internacional. Como subraya la doctrina de la deuda odiosa, las deudas de Estado deben ser contraídas y los fondos que provienen de ellas utilizados para las necesidades y en los intereses del Estado. Y, por supuesto, los créditos de la Troica son condicionados a medidas de austeridad que violan el derecho internacional impidiendo que estos Estados salgan de la crisis».

Convengo con Alejandro Teitelbaum que es posible invocar ante los tribunales como Derecho vigente, el artículo 7 -crímenes contra la humanidad- y el apartado K del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998). En concreto, el artículo 7 establece: «A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque»; entre esos actos, el apartado K, recoge, «Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».

A su vez, se considera «ataque contra una población civil», una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 (apartado K) contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política.

Por último, el «exterminio» comprende «la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población». Existen indicios, pruebas y base normativa suficiente para demandar a las personas físicas responsables, -los miembros del Consejo Europeo presidentes y primeros ministros de la UE y presidente de la Comisión, del Consejo de Administración del FMI y del Consejo de Gobierno del BCE- ante la Corte Penal Internacional.

Las denuncias tienen fundamento jurídico, no obstante, las relaciones de poder se imponen -los responsables políticos de los países ricos y las clases dominantes están al margen de la responsabilidad penal internacional- y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos queda sometido al poder político y financiero. Ahora bien, ¿la conciencia ética de la ciudadania griega y europea no aprobaría el procesamiento de los responsables de verdaderos crímenes contra la humanidad? Hay que poner en marcha audiencias populares y tribunales de opinión que juzguen a los responsables de tanto sufrimiento.