El Parlamento navarro aprobó ayer, con los apoyos de UPN, PSN, PPN y NaBai, y las abstenciones de Bildu e I-E, dos reformas legales para aplicar en Nafarroa la medida impulsada por el Gobierno español que posibilita a las personas en riesgo de exclusión social un limitado alivio de las consecuencias de las ejecuciones hipotecarias.

En su defensa, el consejero de Economía, Álvaro Miranda, señaló que «la inmensa mayoría de las entidades financieras españolas se han acogido a este protocolo de actuación, y por eso es más necesario y urgente su aprobación en Navarra», con el objeto de que ningún navarro «esté en peores condiciones».

Maiorga Ramírez, de Bildu, criticó el «ejercicio de sucursalismo» practicado por UPN, y Juan Carlos Longás, de Nafarroa Bai, anunció su apoyo «por pura responsabilidad social», aunque criticó sus muchas carencias.