El presidente estadounidense, Barack Obama, lanzará a comienzos de mayo su ofensiva electoral, segùn confirmó el director de campaña de Obama, Jim Messina, y como señal de la entrada en una nueva fase, confirmó que Obama participará el 5 de mayo en dos mítines consecutivos, los primeros de este tipo a lo largo de la campaña.

Hasta ahora no había participado más que en grandes encuentros organizados por su comité de reelección, aunque los republicanos le han reprochado llevar su campaña a cuenta del contribuyente defendiendo su política en todo el país.

Obama acaba de concluir una gira por Carolina del Norte, Colorado y Iowa, donde indicó ante millares de jóvenes su voluntad de luchar contra la subida de los costes de los préstamos a estudiantes. Pero en esos viajes se ha abstenido de dirigirse a Romney, una circunstancia que cambiará el 5 de mayo, con sucesivos actos en Columbus (Ohio) y Richmond (Virginia).

Pero más que sobre Romney, la atención de la Casa Blanca está puesta de momento en el Tribunal Supremo, que estudia dos sentencias claves, una sobre la reforma sanitaria y otra sobre las leyes de inmigración. Ambas pueden hacerse públicas en junio, en pleno auge de la campaña electoral. Obama confía en que el Tribunal Supremo «no tomará lo que sería un paso extraordinario y sin precedentes de revocar una ley que se aprobó por una firme mayoría en un Congreso elegido democráticamente».

Ley sanitaria

La ley extiende la cobertura de salud a prácticamente todos los estadounidenses. El Tribunal decidirá si el Congreso se ha excedido en sus funciones al exigir a todos los estadounidenses que tengan seguro médico o paguen una multa por no hacerlo. La otra ley polémica es la que ha elaborado el Estado de Arizona sobre inmigración, que impone restricciones a los inmigrantes indocumentados, a los que retira acceso a servicios de salud, educción, vivienda y posibilidad de empleo, y los fuerza a regresar a sus países de origen. Obama defiende una sola ley regida por normas federales y el Gobierno federal demandó a Arizona y otros estados por actuar por su cuenta.

Estos días la Corte Suprema ha escuchado argumentos sobre la norma y, por las preguntas y comentarios del tribunal, de mayoría conservadora, parece inclinarse por dar la razón a los estados.