Imputados en el juicio contra D3M y Askatasuna comparecieron ayer ante la prensa, en Bilbo, para hacer una valoración del proceso político que este jueves les sentará en el banquillo de la sede que la Audiencia Nacional española tiene en el polígono industrial Las Fronteras, en San Fernando de Henares, a 15 kilómetros de Madrid. Dos de las acusadas, Arantza Urkaregi, en euskara, y Amparo Lasheras, en castellano, resaltaron «la clara indefensión» que supone desconocer horas antes de la primera vista quiénes componen el tribunal que les juzgará.

Explicaron que «tras la toma de posesión de Fernando Grande-Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sustitución del juez Javier Gómez Bermúdez, este último no forma ya parte de la Sección Primera de la citada Sala, que es la que nos va a juzgar». «Y nuestros abogados no han recibido ninguna comunicación de quién le va a sustituir», denunciaron.

«Creemos que este hecho, muestra evidente del mal funcionamiento del sistema judicial español, nos ocasiona una clara indefensión», comentaron sobre un proceso que arrancará en apenas 48 horas y que está previsto que se prolongue hasta el 18 de mayo.

Otra decisión que pone en cuestión las garantías procesales para los acusados es que, según precisaron, el tribunal especial solo ha admitido a 6 de las 64 personas que la defensa presentó como testigos, cuando ha aceptado todos los testigos de la Fiscalía; todos ellos, policías.

Lasheras y Urkaregi, rodeadas del resto de acusados salvo Aitor Ligerzana, que se encuentra actualmente en prisión, subrayaron que van a ser juzgados por constituir la plataforma electoral D3M y el partido Askatasuna, y presentar candidaturas en las últimas elecciones autonómicas celebradas en la CAV, las del 1 de marzo de 2009. «Ese es nuestro delito, presentar una oferta electoral abertzale y de izquierdas a la ciudadanía vasca», recordaron en nombre de los trece imputados, que tres años después viajan a Madrid acusados de integrar o colaborar con ETA por impulsar un proyecto político independentista y de izquierdas y dar una opción de voto a tres millones de personas, como recogen las siglas D3M.

La acusación -«sin ninguna base», insistieron- ha dado lugar a una petición fiscal que les puede costar penas individuales de entre 7 y 9 años de cárcel. «Nos ha tocado a nosotras y nosotros, pero en el banquillo quieren situar a todo aquel o aquella que defiende un nuevo escenario para Euskal Herria», expresaron en torno a un anhelo que calificaron de mayoritario en la sociedad vasca.

«Bloquear el camino abierto»

Las personas acusadas atribuyen este juicio político a un nuevo intento del Estado español de «bloquear el camino abierto en Euskal Herria hacia un nuevo escenario que acabe con toda vulneración de derechos». No obstante, aseguraron que Madrid fracasará porque «vamos a responder con más acumulación de fuerzas»

Explicaron que van a Madrid «tranquilos y tranquilas, sabedoras de que el único delito ha sido trabajar políticamente en favor del cambio político y social», y sintiéndose arropados «por la mayoría social de este país». En este sentido, hicieron referencia al seguimiento que han tenido las diferentes movilizaciones de solidaridad (ante el Parlamento de Gasteiz, en la universidad, en pueblos... o la última iniciativa surgida en Donostia, donde el sábado miles de personas reconstruyeron «el puzle de los derechos»). Ese apoyo se reflejará también en la vista oral, a la que asistirán representantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales «para denunciar su carácter exclusivamente político».

Por ello, llamaron a la ciudadanía a movilizarse, particularmente en las concentraciones de este jueves en diferentes municipios y en la manifestación del sábado en Bilbo, y «unir fuerzas para que esta sea la última vez que ciudadanos vascos nos tengamos que sentar en la Audiencia Nacional por defender ideas políticas».