Como si de la visita a un museo se tratase, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y la delegada del Gobierno español en Barcelona, María de los Llanos de Luna, encabezaron ayer una visita guiada al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, que por primera vez abría sus puertas a los medios de comunicación. Mientras los periodistas recorrían las estancias vacías del centro, los 129 internos permanecían confinados en el patio, enseñando heridas producidas supuestamente por la Policía española y gritando a la prensa: «Queremos hablar con vosotros».

Ignacio Ulloa utilizó el paseo por el CIE para presentar las líneas generales del reglamento que regirá el funcionamiento de estos centros, criticados por multitud de entidades sociales por su opacidad y por las denuncias de vulneración de los Derechos Humanos. Se trata de un reglamento que el Estado se comprometió a redactar en el año 2004, pero que solo ahora, y tras la muerte de varios internos -el último de ellos, Idrissa Diallo, el pasado 5 de enero-, han comenzado a elaborar.

Siguiendo adelante con este nuevo idioma creado por el Gobierno, el secretario de Estado anunció también que los CIE pasarán a conocerse como Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE), unas siglas más armónicas bajo las que se seguirá privando de libertad a personas con procesos de expulsión en marcha; es decir, a personas que no tengan los papeles en regla, algo que, con la Constitución española en la mano, no pasa de ser una falta administrativa y no un delito.

El cambio de nombre es casi la única novedad aportada por el nuevo reglamento, junto a la entrada, ya prevista pero no por eso menos importante, de ONG y entidades sociales en la gestión del centro. Hasta ahora, los CIE estaban en manos de la Policía española, cuyos agentes no recibían ningún tipo de formación específica para dicho trabajo, algo que servía de argumento frente a las reiteradas denuncias de malos tratos y vulneración de los derechos. A este argumento se suma el de las autolesiones, que según el secretario de Estado se infligen los internos a ellos mismos «por la angustia que produce saber que van a ser expulsados».

A partir de ahora la gestión «prestacional» quedará en manos de «entidades asistenciales» que Ulloa no quiso especificar, quedando en manos de los agentes policiales el tema de la seguridad. Esta es prácticamente la única concesión que el nuevo reglamento -que esperan aprobar antes de verano- otorga a las demandas de los colectivos que vienen criticando tanto el funcionamiento como la existencia misma de los CIE, que califican de «campos de concentración».

En el tema de la asistencia médica, por ejemplo, Ulloa señaló que seguirá habiendo sólo un médico, con jornada diurna, y que por las noches, los internos que requieran asistencia serán trasladados al hospital más cercano. Eso pese a que en el caso de Diallo -muerto por infarto según la versión oficial-, diferentes testimonios aseguran que la asistencia tardó muchísimo en llegar, agravando el estado del interno. «Fue un incidente fatal, pero no hay que caer en sentimentalismos», fue la sentencia de Ulloa.

No fue la única perla que salió de su boca. Sobre el acceso de entidades sociales e instituciones como el Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo-, señaló que tendrán la puerta abierta, pero con condiciones con cierto aroma amenazante: «El Centro de Internamiento no es un laboratorio sociológico; quien entre, tiene que entrar para ayudar, no para obstaculizar».

Por último, el representante de Interior explicó que darán prioridad a internar a personas a las que se tenga la garantía de acabar expulsando, ya que si después de sesenta días de internamiento no han sido repatriados, quedan en libertad. Desde la Campaña contra los CIE denuncian desde hace tiempo esta práctica, que acaba traduciéndose en que sólo son internadas personas de países con los que el Estado español tiene acuerdos de repatriación, estableciendo una clara discriminación según el origen de las personas, un fenómeno también conocido como racismo.