En contraste con el silencio mantenido durante años y la negación de los crímenes cometidos por la Junta Militar que él mismo presidió, el octogenario Rafael Videla parece dispuesto a hablar, a su manera, de las desapariciones, de los vuelos de la muerte y hasta del robo de niños durante la dictadura, causa por la que está siendo juzgando. Primero lo hizo en una entrevista concedida a la revista española «Cambio 16» y publicada en tres partes, que generó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos argentinos por el tono «amable» de las preguntas. Después, lo hizo con el periodista argentino Ceferino Reato, que, tras entrevistarlo en la guarnición militar de Campo de Mayo, acaba de publicar el libro «Disposición final».

El viernes, durante su declaración en calidad de testigo en el juicio por la muerte del ex jefe del ERP Roberto Santucho, Videla afirmó que la desaparición era «una figura cómoda entre comillas porque no impactaba en la sociedad, que no iba a tolerar un fusilamiento público».

Sobre las listas de desaparecidos, dijo que no se publicaron por falta de acuerdo entre las Fuerzas Armadas y porque eran «defectuosas. Estaban los desaparecidos producto de la acción militar y una persona que fallecía en la calle, por ejemplo, un borracho que se moría en la vía pública. Las listas se presentaron ante la Junta y se rechazaron y, luego, como síntesis, no se publicaron porque hubo un desacuerdo entre las Fuerzas y, además, porque no era conveniente publicar las listas con errores porque generaba mayor desconcierto. Se sabía que las personas que estaban desaparecidas después de dos años era obvio que estaban muertas, pero no se sabía el destino de sus restos».

En cuanto a los «vuelos de la muerte», responsabilizó a la Armada, alegando que él no los ordenó pese a ser la máxima autoridad de la Junta Militar.

«Supongo que iban la tripulación y las personas que iban a ser ejecutadas o a cumplir una condena, no pudiendo asegurar si el Ejército utilizó sus elementos aéreos», señaló.

Su declaración coincidió con los registros de los domicilios del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, del ex comandante de Campo de Mayo Omar Riveros y del suyo propio, ordenados por la juez Alicia Vence. Según fuentes juidicales, en los mismos se incautaron de informes de Inteligencia -incluidas carpetas con las leyendas «estrictamente secreto»-, cintas de vídeo y de audio y un sobre cerrado que Videla pensaba enviar a Riveros.