PRimero de mayo

La asamblea de parados de Iruñerria reclama reparto del trabajo contra el desempleo

GARA | IRUÑEA

La de ayer fue una nueva jornada de movilizaciones para la asamblea de parados de Iruñerria, que lleva meses saliendo a la calle por un reparto del trabajo que ponga fin a la lacra del desempleo. Ayer, como Primero de Mayo, alrededor de 150 personas participaron en la concentración convocada por esta agrupación de desempleados en la calle Mercaderes de Iruñea.

Finalizada la concentración, miembros de la asamblea narraron que «en una fecha tan señalada para la clase obrera y en una situación tan grave para las personas desempleadas, hemos querido hacer patentes nuestras reivindicaciones a favor de un empleo digno».

Reiteraron la necesidad de repartir el trabajo y la riqueza para evitar que el desempleo siga azotando a cada vez más familias. En este sentido, denunciaron las actuales políticas de empleo del Gobierno UPN-PSN.

Mientras coreaban lemas como «langabetuok borrokan», «reparto del trabajo y la riqueza» o consignas a favor de una nueva huelga general, explicaron que es imprescindible repartir el trabajo reduciendo la jornada laboral y prohibiendo las horas extras para acabar con el desempleo. En este sentido, subrayaron que en países como el Estado francés ya se han aplicado este tipo de medidas en tiempos de aumento del desempleo y añadieron que estas políticas tuvieron una reacción muy positiva.
Tras la concentración los miembros de la asamblea de parados de Iruñerria participaron con sus propias pancartas en la manifestación convocada por el sindicato LAB y en la que de forma conjunta celebraron CGT, CNT, ESK y Solidari.

Esta última partió de la Plaza de Recoletas para concluir después de recorrer el centro de la ciudad en la Plaza del Castillo, donde celebraron un acto sindical en el que denunciaron los «desmanes» que a su juicio representan los recortes del Gobierno español y llamaron a la ciudadanía a oponerse a ellos.

El representante de CGT, Manuel Velasco, señaló que es necesario un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno del PP, «que vienen marcadas por los mercados y organismos financieros a los que interesan los recortes de todo lo que sean derechos sociales y laborales». Recalcó que derechos al trabajo, a la vivienda, a la enseñanza y a la sanidad «ahora se reducen a nada frente a la prioridad del déficit», cuyas consecuencias son para estas centrales un retroceso de lo público que trae consigo más desigualdades.