La contable de la empresa Caravanas Oñate, María José Lega Corino, declaró ayer en la Audiencia de Donostia, respecto al imputado José María Bravo, que piensa que les «tomó el pelo» al hacerles pagar 30.000 euros de una deuda de la sociedad Calderería San Pedro que ya había prescrito.

A preguntas del fiscal, Lega relató que Bravo le citó en la oficina tributaria de Irun, a la que fue acompañada de su abogada, María Rosario Rodríguez. En su despacho, el imputado les informó de que la deuda de 144.000 euros de Calderería San Pedro había sido derivada a Caravanas Oñate. Lega, asesorada por la letrada, le respondió que no estaban de acuerdo porque esa deuda estaba prescrita y que estaban dispuestas a ir a juicio, porque hacer frente a esa deuda suponía el cierre de la empresa.

Según Lega, Bravo le respondió que tenía que «consultar con sus superiores». Posteriormente, según su versión, fueron citadas de nuevo por el director de la agencia tributaria de Irun quien les dijo que con 30.000 euros quedaría saldada la deuda. «Decidimos aceptar el trato porque teníamos dudas sobre si una parte de la deuda habría prescrito realmente», manifestó Lega, testimonio que fue confirmado después por su abogada.

La contable señaló que entregaron el dinero a Bravo en un cheque al portador. Cuando el fiscal le comentó que el mismo día que hizo ese pago se hizo oficial en Hacienda un expediente por el que no procedía la derivación de deuda de Calderería San Pedro a Caravanas Oñate, Lega afirmó: «Pienso que nos tomó el pelo».

También prestó declaración ayer, en una nueva jornada del juicio contra el presunto fraude a Hacienda desde la agencia tributaria de Irun, Mari Carmen Peña Eizagirre, propietaria de Electromuebles Geuria, quien aseguró que, tras gestiones de su marido con Bravo, solo pagó ocho millones de pesetas de los más de veinte que debían.

Otro testigo, el aparejador Pedro Casares Bidasoro declaró que la deuda que tenía con el fisco de tres millones de pesetas se quedó en 1,8 millones tras hacerle Bravo una «quita» del 40%. Por su parte, el administrador de Canalizaciones Castro SL, Manuel Varela Castro, afirmó que pagó a Bravo 32.000 euros de una deuda de 61.000, que posiblemente había prescrito.