REACCIONES A LOS RECORTES
El Parlamento de Gasteiz rechaza los recortes pero se limita a recurrirlos
Todos los grupos del Parlamento de Gasteiz, salvo el PP, mostraron ayer su rechazo a la reforma laboral y los recortes en Educación y Sanidad impuestos por el Gobierno español. La efectividad del rechazo es limitada al haber optado por la vía del recurso de inconstitucionalidad -lo que lleva años- y la solicitud al TC de «suspensión cautelar» - que no ha concedido nunca-. Se desoyó el no aplicar los recortes, como proponían Aralar y EA y pide la mayoría sindical.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El PP se quedó ayer solo en el Parlamento de Gasteiz en la defensa de los recortes laborales y económicos que impone el Gobierno de Madrid. Sin embargo, su soledad será incómoda pero efectiva, puesto que las medidas del Ejecutivo de Rajoy de obligado cumplimiento serán aplicadas en la CAV de igual forma que en otras comunidades autonómicas. PNV, PSE y Ezker Anitza optaron por llevar la defensa de las competencias al terreno judicial, lo que demora en años cualquier tipo de resolución. En el camino quedaron aparcadas las propuestas de Aralar y EA de no aplicar unos recortes que el propio PSE tachó de «antisociales y antidemocráticos».
La cuestión de los recortes llegó a la Cámara a través de iniciativas urgentes de PSE, Ezker Anitza-IU y Aralar. El PNV, que tenía otra propuesta para otro pleno, la reconvirtió en enmiendas. Tras las negociaciones de la víspera, el pleno arrancó con un acuerdo entre PNV y Ezker Anitza, que acusaron al PSE de no querer implicarse a fondo.
El PNV tenía el papel preparado
Pero lo que no se pudo hacer en días, se logró luego en cinco minutos. El PNV ofreció al PSE la posibilidad de buscar un acuerdo de última hora y éste accedió. José Antonio Pastor pidió un receso que la presidenta fijó en «cinco minutos». No necesitaron más para salir de la reunión con un texto común.
El parlamentario jeltzale Rikardo Gatzagaetxeberria, que aclaró en la tribuna que había hablado la noche anterior con el PSE, comentó con sus compañeros de bancada que ya tenía un escrito preparado, por lo que el encuentro se limitó en ponerlo encima de la mesa y que lo firmaran todas las partes. Se resumía en poner como punto primero la declaración presentada por el PSE y, a continuación, el acuerdo alcanzado ya por PNV y Ezker Anitza.
De esta forma, el Parlamento arranca rechazando la reforma laboral y los recortes en sanidad y educación anunciados por el Gobierno español e insta a Lakua a defender el autogobierno, los servicios públicos y las políticas sociales.
La Cámara autonómica insta al Ejecutivo de Patxi López a que presente recurso de inconstitucionalidad a los decretos que invadan competencias, solicitando al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de su aplicación mientras se resuelvan los casos. Cabe aclarar que cuando Madrid recurre una ley autonómica y pide su suspensión, ésta se otorga de forma automática. Por contra, cuando es una autonomía la que pide la suspensión cautelar de una norma estatal, el TC no suele aceparla.
Además, las instituciones autonómicas buscarán todos los recursos judiciales «en defensa del marco competencial vasco». Junto a ello, se comprometen a realizar «las acciones necesarias en defensa de la aplicación y desarrollo integral del Estatuto de Gernika».
Por último, el Parlamento insta a Lakua a «que negocie y acuerde bilateralmente con el Gobierno del Estado, en la Comisión Mixta del Concierto Económico, la participación financiera que en su caso corres- ponda a Euskadi, cuando el Estado asuma nuevos compromisos de financiación en las materias de Educación y Sanidad, así como en otras en las que la competencia exclusiva, corresponda a las Comunidades Autónomas».
La votación de la enmienda transaccional se hizo por puntos y PNV, PSE y Ezker Anitza los votaron todos. Aralar y EA no apoyaron los que apostaban por la vía judicial, por lenta e impropia, aprobando el resto. El PP votó sí a dos puntos que hablaban de la defensa genérica de las competencias y el Estatuto. UPyD, por su parte, votó en contra de todo, puesto que su propuesta política pasa por la devolución de competencias.
Cobra fuerza la impresión de que la reforma de la administración que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy, promueva la concentración o unión de ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes como una medida de «ahorro».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer abrir consultas sobre su propuesta de reducir de 431 a entre 190 y 200 los partidos judiciales. Se pasaría de agruparlos en localidades de más de 100.000 habitantes, cuando ahora son de 50.000.
La secretaria general de Sanidad del Gobierno español, Pilar Farjas, dejó ayer abierta la posibilidad de que las mujeres que decidan abortar por criterios que no sean los estrictamente sanitarios tengan que pagar esas intervenciones.
Aralar y Eusko Alkartasuna propugnaron ayer que en la Comunidad Autónoma Vasca no se apliquen unas medidas que el propio PSE calificó de «antisociales y antidemocráticas». Su propuesta no pasa tanto por adoptar decisiones grandilocuentes de carácter insumiso, sino en «no hacer» lo que ordena Madrid, desarrollar un modelo propio y dejar que sea el Estado quien se quite la máscara recurriendo a los tribunales para obligar a las instituciones autonómicas a someterse a sus dictados.
Dani Maeztu, portavoz de Aralar, defendió una moción que pide que el Gobierno de Lakua «se plante ante las medidas que nos llevan a la ruina social y económica». Criticó que el PSE se limitara en su propuesta a hacer una declaración y que el Ejecutivo de López estuviera ya aplicando recortes. Sobre el recurso de inconstitucionalidad, preguntó a PNV y Ezker Anitza -sin obtener respuesta- qué ocurrirá si el TC no admite el recurso o lo admite y su resolución se demora durante años.
Defendió Maeztu que es evidente que los decretos del Gobierno español invaden competencias y que además son antisociales. Por tanto, propuso que «la mejor defensa del autogobierno es no aplicar esas medidas que invaden el autogobierno. Y eso no significa hacer insumisión. Eso significa respetar y ser fieles a lo que las instituciones vascas han decidido y al marco normativo del que nos hemos dotado».
Sostuvo «que sea el Estado el que inicie esa cuestión positiva de competencias si quiere y a ver si inicia esa senda de vaciado de competencias vía Tribunal Constitucional». El portavoz de Aralar señaló que ese escenario del Estado vaciando de competencias a las comunidades autónomas a través de los tribunales sería una imagen clarificadora.
Tanto Aralar, como el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, insistieron en que éste no es un debate jurídico, sino de carácter absolutamente político, tanto en lo que se refiere a la defensa del autogobierno como en lo concerniente a la defensa de los derechos sociales.
Agirrezabala señaló que no tenía nada en contra del recurso al Tribunal Constitucional que planteaban PNV y Ezker Anitza, pero que eso no evitaba la aplicación de las medidas de recorte y que EA está en contra de que se apliquen. Apuntó además que la práctica que está llevando adelante el PP llevan a que «la CAV se convierta en una delegación del Gobierno de Madrid, aplicando las medidas que decide Madrid recortando y negando el derecho a decidir aquí».
El resto de grupos evitaron entrar en el debate de no aplicar los recortes impuestos por los decretos del Gobierno de Rajoy. La coincidencia general -salvo el PP- en criticar los recortes y cuando todavía no había acuerdo, derivó en ocasiones en que PNV y Ezker Anitza no tuvieran empacho en criticar también al PSE, que luego acabó sumándose a una enmienda transaccional. I.I.
El portavoz del PP, Antón Damborenea, volvió a avisar al PSE de que «nosotros nos ratificamos en nuestros compromisos y les apoyamos para que gobiernen aquí, no para que hagan oposición allí, para eso no necesitan gobernar. Por lo tanto, lo que les instamos y les reiteramos es a que gobiernen aquí».
La afirmación cerraba una intervención que cualquier oyente no avisado supondría que era de un parlamentario de la oposición al Gobierno de López, al que achacó estar realizando recortes superiores incluso a los que ahora propone el Ejecutivo de Rajoy. Recordó que las matrículas se han incrementado en 15.000 nuevos alumnos sin aumentar el número de profesores, del recorte a los funcionarios aprobados por PSOE y PNV, de recorte del 7% de la RGI y del 22% de la prestación complementaria de alquiler de vivienda de las familias con dos hijos. Damborenea también achacó a Lakua que la única inversión que se mantiene es la del tren de alta velocidad, porque lo paga Madrid. El portavoz del PP también hizo un retrato muy negro de la sanidad autonómica, con la reducción del gasto por paciente y los cierres de fin de semana.
Alegó que han apoyado al Gobierno de López porque el PNV había dejado un agujero de 2.000 millones de euros. Y recordó, al mismo tiempo, que las medidas que está adoptando Rajoy son fruto de la herencia negra de Zapatero. Damborenea aseguró que con las decisiones que está adoptando el Ejecutivo español «no hay ningún problema de autogobierno» y acusó a los demás de «hacer demagogia con grandes frases que son mentira». I.I.
Como ya ha anunciado Mariano Rajoy, se espera que en el Consejo de Gobierno de hoy, como cada viernes hasta verano, se adopten nuevas medidas de recortes y se ha abierto el tarro de las especulaciones sobre las materias afectadas.
