Representantes de ELA, LAB, STEE-EILAS, CCOO, NIZE, Herrikoa, Sortzen-Ikasbatuaz entregaron ayer en la sede del Departamento de Educación del Gobierno navarro las mociones aprobadas por más de 50 ayuntamientos del herrialde en defensa del mantenimiento de las escuelas rurales.

«Tenemos un objetivo común: mantener vivas las escuelas rurales para mantener vivos los pueblos. Hace un año, preocupados por la situación que viven estas escuelas, padres y madres de estos pueblos, junto a sindicatos y diferentes agentes educativos, nos reunimos para analizar esta situación y buscar cauces de solución», explicaron.

Desde que iniciaron esos encuentros se ha clausurado la escuela de Eratsun, tal y como sucedió previamente en Zirauki, Mañeru, Ezkaroze e Izaba. En este sentido, mostraron su preocupación porque cuando se clausura la escuela de un pueblo pequeño es prácticamente imposible que vuelva a abrirse.

«El criterio empleado en Eratsun, al igual que en otros pueblos, es que al año siguiente no habría un número mínimo de alumnos. Pero, ¿cuál es el número de niños exigido para abrir o reabrir una escuela? ¿Si este año hay alumnos suficientes se volverá a abrir la escuela? Ante estas preguntas el Gobierno de Navarra se quedó mudo», destacaron.

Ante esta situación, recogieron en un decálogo las especificidades y necesidades de las escuelas rurales y preguntaron en los ayuntamientos que tienen o tuvieron un centro por la función y la necesidad de los mismos. Posteriormente, reescribieron el decálogo en forma de moción y lo presentaron en los ayuntamientos, siendo aprobado por más de cincuenta.

El decálogo subraya que las escuelas rurales son un hecho diferencial propio que debe ser aceptado con sus especificidades por la Administración y se reivindica que al llegar a un número concreto de alumnos las escuelas que se cerraron deben reabrirse.

En este sentido, se destaca que las escuelas rurales no deben gestionarse con una visión economicista sino como un servicio público, para lo que son necesarias políticas de discriminación positiva, así como de respeto a la pluralidad lingüística frente a las restricciones que impone la denominada Ley del Vascuence.

Junto a ello, recordaron que en otros países europeos las escuelas rurales están consideradas como patrimonio cultural y reclamaron que se den facilidades e incentivos a los educadores de estas zonas, así como una formación específica en la universidad, un negociado propio y un mapa escolar adecuado.

«A partir de ahora iremos en busca de compromisos concretos. Nuestra apuesta es pasar de las palabras a los hechos y conseguir los medios necesarios para que las escuelas rurales sigan siendo una realidad», subrayaron. Y anunciaron que próximamente se reunirán con los grupos parlamentarios.

«En medida que la educación es responsabilidad de todos, también es responsabilidad de todos la situación que viven estas escuelas. Porque queremos pueblos vivos, necesitamos escuelas rurales vivas», añadieron.