«Hicimos lo de siempre: Batasuna, Ekin... Cuando hay elecciones nos dedicamos a investigar si Batasuna pretende introducir algún partido». Así se expresó ayer el policía español identificado con el número 60.020 y que estuvo a cargo de la vigilancia de la sede de Herria Aurrera ubicada en la calle Esperanza de Bilbo. No fue capaz de precisar si Demokrazia 3 Milloi (D3M) existía entre 2006 y 2007, fechas en las que él realizó los seguimientos. Tampoco si la plataforma de Bilbo estaba inscrita de forma legal en el Ayuntamiento. A pesar de ello, pretende avalar la tesis de que ETA ordenó a 13 ciudadanos vascos la creación de listas electorales con las que concurrir a las elecciones al Parlamento de Gasteiz. La primera jornada del juicio contra D3M y Askatasuna, celebrada ayer en la sede de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares, evidenció la motivación política del proceso. Se habló de sedes, reuniones y ruedas de prensa. Pruebas de una actividad política que todos admitieron.

En la sesión de ayer tomaron la palabra los 13 imputados y nueve policías españoles, dos de ellos, responsables de los atestados, en calidad de peritos. Todos los acusados, que solo respondieron a las preguntas de la defensa, ejercida por Jone Goirizelaia y Kepa Landa, negaron haber seguido órdenes de ETA o de Ekin, pero no ocultaron su participación política. Como los seguimientos policiales datan de 2006, esta se amplía a Herria Aurrera, Gasteiz Izan o ANV, legal hasta 2008. Todas ellas, mezcladas en el habitual discurso del «todo es ETA».

Más de 47.000 avales

Amparo Lasheras fue una de las pocas a quien se relacionó directamente con D3M. La periodista defendió su participación en la plataforma encabezando la lista por Araba ante la necesidad de «llevar al Parlamento vasco unas ideas presentes en la sociedad». Recordó que la iniciativa recibió el aval de 47.000 ciudadanos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba y matizó que puso fin a su actividad tras su suspensión.

Este es también el caso de Fernando Antia, que ejerció como representante de la plataforma hasta que esta fue ilegalizada. Como tal, reconoció haber realizado los trámites necesarios para poder presentarse a los comicios, algo permitido incluso por la propia Junta Electoral Central. Se da la paradoja de que Antia no fue arrestado durante la operación policial del 23 de enero pero su domicilio sí que fue registrado. Según le relataron los agentes, buscaban «armas y explosivos», aunque luego, los papeles se convirtieron en el principal objetivo. Uno de los documentos hallados fue el NIF de D3M y sus actas fundacionales. Un hallazgo lógico teniendo en cuenta que él era uno de sus promotores. Otras personas que ejercieron su misma labor fueron citadas a declarar, pero no están procesados.

Firmar la adhesión que permitiese a D3M presentarse a los comicios fue la única relación con la plataforma reconocida por otros acusados, como Imanol Nieto, que también relató haber trabajado para EHAK como administrativo durante algunos meses.

Otra de las evidencias que se ha utilizado durante el juicio ha sido la de haber desarrollado alguna labor profesional en partidos legales. Junto a Nieto, está el caso de Agurtzane Solaberrieta, jefa de prensa en ANV y de D3M hasta que fue arrestada tras realizar solo comparecencias. Un paso más allá va el caso de Hodei Egaña, cuya única relación con las plataformas fue la de montar el atrezzo de dos ruedas de prensa, ya que trabajaba en una empresa de eventos.

Asociaciones todavía hoy legales, como Herria Aurrera, también aparecieron citadas frecuentemente en las declaraciones. Por ejemplo, en lo referido a Arantza Urkaregi, que negó formar parte de D3M aunque sí firmó el aval, o Zuriñe Zorrozua, presidenta de plataforma.

Por su parte, José Antonio Munduate y Xabier Isasa (ambos declararon en euskara), asumieron haber creado el partido Askatasuna, pero negaron que esta decisión obedeciese a órdenes de ETA.

Seguimientos desde 2006

El hecho de que Herria Aurrera fuese legal no constituyó obstáculo para que policías españoles vigilasen su sede desde, al menos, 2006, tres años antes de que se constituyese D3M. De hecho, algunos de los seguimientos que se incluyen en la causa fueron realizados a otras personas, como Ibon Arbulu, Martxelo Álvarez o Gotzon Amaro. «La sede la frecuentaba gente de la izquierda abertzale y del MLNV», argumentó uno de los policías, que explicó que pincharon sus teléfonos y utilizaban las escuchas para saber cuándo se iban a producir encuentros o ruedas de prensa.

Los policías declararon como testigos protegidos, a pesar de que la magistrada Manuela Fernández de Prada, que es quien finalmente preside el tribunal, reconoció que la solicitud llegaba tarde. Dos de ellos, los que redactaron los atestados policiales, también testificaron en calidad de peritos. Y fueron claros sobre sus intenciones. «Queremos demostrar la continuidad de actividades políticas de estas organizaciones que están ilegalizadas», dijo el agente 16.099, que ubicó en esa labor a las plataformas populares. Sin embargo, este proceso no juzga estas iniciativas, que siguen registradas en sus respectivos ayuntamientos. Este policía explicó que sus argumentos se basan en la interpretación de diversa documentación como el «Zutabe» de ETA. Un ejemplo: reconoce que la organización armada realizaba análisis pre y postelectorales. La diferencia está en que, mientras que las lecturas sobre el resto de formaciones las circunscribe a la opinión, para el caso de la izquierda abertzale se convierten en «mandatos», el único argumento con el que los encargados de la instrucción ligan D3M y Askatasuna con ETA. Hoy prosigue el juicio con la declaración de más policías y agentes de la Guardia Civil.