Lo que antes se denominaba Ministerio de Trabajo ahora lo llaman Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿No sería, acaso, más necesario un Ministerio de Desempleo e Inseguridad Social, dada la situación?

No es de extrañar que al timón hayan puesto a una licenciada por la católica Universidad Pontificia Comillas que responde al nombre de Fátima (Lourdes tampoco hubiese desentonado) y nada raro que la dirección de la Seguridad Social la ocupe un doctor sin licenciatura en medicina ni carrera similar. Nada para la impostura como los impostores.

El citado ministerio gastará más de cuatro millones de euros en publicitar las maravillas que nos depara la reforma laboral que el gobierno del PP ha diseñado y que algunos, en su precipitación, no acaban de percibir. Con las futuras explicaciones interpretativas de su bonanza y las detenciones de broncos sindicalistas y encarcelamiento de estu- diantes que destacaron en la huelga del 29 de Marzo, el orden social volverá a reinar en el reino del rey amante de plantígrados y paquidermos. El triunfo de la reforma exige la ausencia de contestación. Es un discurso unidireccional, si acaso se permitan unos ecos iguales a lo dicho. El diálogo social, tan cacareado por algunos sindicatos, se ha tornado obsoleto, anacrónico dicen expertos politólogos de tertulias. Es del todo intolerable la existencia de piquetes de mirada violenta afeando la conducta del esquirol, cuando se ejerce lo que de un tiempo a esta parte algunos llaman derecho al trabajo. Y qué decir de la rotura de cristales en algunas entidades bancarias des- pués de lo que han arriesgado los pobrecillos al haber facilitado hipotecas a los necesitados de vivienda. No hay Derecho. Amén del mal trago que estarán pasando por necesitar del dinero público, de ese que pagamos vía impositiva los que cobramos un jornal.

Por eso en Catalunya ha sido necesario detener a decenas de estudiantes y encarcelar a los más díscolos. Por esa razón, -la reforma laboral-, está en prisión Laura Gómez, Secretaria de Organización de CGT en Barcelona. Por idéntico motivo, en Iruñea, han ido deteniendo a militantes de LAB. Una democracia como la española no puede permitirse contestación a sus decretos. Los decretos se acatan y punto. De lo contrario, cárcel y castigo.

Para tratar de evitar todo esto, van a emplear más de cuatro millones de euros: nos explicarán por qué es conveniente acabar con derechos laborales de los trabajadores, el copago en sanidad, retrasar la jubilación, rebajar las pensiones, encarecer la enseñanza, facilitar el despido, disminuir los sueldos y aumentar la productividad, prohibir las manifestaciones, endurecer el código penal y ampliar el concepto de orden público y los de resistencia y atentado a la Autoridad.

La aspiración de un derecho garantista protector del ciudadano ante posibles desmanes del Estado ha sido volteada. Ahora, todo ordenamiento jurídico al servicio de un Estado amenazado por los ciudadanos. El Leviatán goza de buena salud y un enorme apetito. ¿Seguiremos a la espera?