La presencia de Aintzane Ezenarro en la segunda reunión de la «ponencia de paz y convivencia» de la Cámara de Gasteiz fue el hecho más reseñable de ella. Ezenarro, junto a sus compañeros Mikel Basabe y Oxel Erostarbe, fueron dados de baja el lunes de Aralar, al estimar su dirección que han desoído el mandato dado por la Ejecutiva para que no participaran en ese foro.

La parlamentaria evitó pronunciarse sobre su expulsión y tampoco aclaró si ella y sus dos compañeros mantendrán o no sus cargos en la Cámara ni si intentarán arrojar a Dani Maeztu al Grupo Mixto. Ezenarro, Basabe y Erostarbe comparecerán hoy en Gasteiz para dar a conocer su postura y desvelar los pasos que piensan dar al respecto.

Por lo demás, la segunda sesión de la ponencia se centró en definir la metodología de trabajo que abordarán. En el encuentro se repasaron las cuestiones recogidas en el documento que la semana pasada se remitió a los grupos políticos, instituciones y asociaciones para que hicieran aportaciones por escrito centradas en el «proceso de humanización y reconciliación» de la sociedad vasca tras el cese de la lucha armada por parte de ETA, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de mayo.

Propuestas de comparecencia

Además, acordaron estudiar la semana que viene las propuestas de comparecencias, entre las que ya se ha admitido a trámite la del comisionado del lehendakari, Jesús Loza. El portavoz del PP, Antonio Damborenea, ya advirtió que se opondrían a que en la ponencia participasen quienes no condenan la violencia, en referencia a Bildu. La coalición soberanista ya avanzó que no acudirán a un foro en el que no estén presentes en igualdad de condiciones al resto.

Según el escrito remitido por la Cámara a los posibles participantes, sus aportaciones deben centrarse en establecer los principios de una «paz justa con memoria» para que la violencia no se vuelva a repetir. Por ello, deberán detallar, en primer lugar, políticas para lograr una memoria compartida y los criterios para articular una reflexión crítica del pasado.

En segundo término, se les ha pedido que sugieran medidas para impulsar una nueva cultura de convivencia y reconciliación, que pondrían en marcha las instituciones de la CAV y, en especial los ayuntamientos.

También se les ha reclamado su opinión sobre los «principios en torno a los cuales debería articularse la política penitenciaria» y cuáles serían a su juicio las «medidas más adecuadas en la nueva coyuntura». Y se reclaman aportaciones sobre la función de la sociedad civil.