Colectivos sociales de Bizkaia y representantes sindicales de LAB, ELA y CCOO del comité de la Diputación foral denunciaron ayer «el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales forales destinados a las familias afectadas por la actual crisis económica» y criticaron que «no se actúa contra el fraude fiscal para lograr mayores ingresos económicos o en exigir que los que más tienen paguen más».

Ante la sede del Gobierno foral, que preside José Luis Bilbao (PNV), representantes de la Asamblea de Invisibles, la Asamblea Abierta por las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak, Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal Taldea y SOS Racismo, además de las centrales sindicales, exigieron un cambio en la política social para atender «al creciente nivel de personas que están entrando en el mundo de la pobreza y la exclusión social, derivado del incremento del desempleo».

En la concentración, se denunció que en Bizkaia «cada día cuatro familias son expulsadas de sus viviendas», como indicó Víctor Villares. El representante de los colectivos sociales destacó en este caso que «en los presupuestos forales aprobados el 22 de diciembre de 2011 se disminuyeron en un 80% los recursos destinados a las Ayudas Especiales para la Inclusión Social. El presupuesto del año 2011 fue de 3,61 millones, mientras que para este año solo se consignaron unos escasos 737.000 euros. A día de hoy se ha agotado esta partida económica, en concreto desde el pasado mes de febrero», denunció en presencia del representante de LAB en el comité de la Diputación de Bizkaia, Aniceto Prieto.

Ambos dejaron claro que «esa prestación social es el único recurso que tiene la Diputación de Bizkaia para paliar las situaciones de pobreza que se dan en este herrialde». Añadieron que, según la propia memoria del Departamento de Acción Social de la Diputación, esta ayuda social «está dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral. Se otorga para la cobertura de necesidades básicas para la supervivencia y, en su caso, para los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral».

A ese recorte, se le debe añadir «el endurecimiento de los requisitos de acceso a esta ayuda social. El pasado 13 de diciembre, sin ningún tipo de debate social y a hurtadillas, se aprobó, vía decreto, la normativa que regula estas ayudas: se exige un empadronamiento `mínimo' de 30 meses. Esta situación provoca, de facto, que ninguna persona o familia vizcaína puede acceder a una ayuda social en este plazo».

Colectivos sociales y las tres centrales sindicales LAB, ELA y CCOO en Diputación criticaron que se estén produciendo estos recortes sociales, a la vez que se «despilfarran» con actuaciones económicas en actuaciones «que no son urgentes».