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La sentencia contra Juan Ramón Ibarra pone en un aprieto a la Diputación de Bizkaia y al PNV
El exjefe de Inspección de Hacienda de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito de falsedad documental, al considerar probado el Tribunal Supremo que había simulado que más de doscientos contribuyentes estaban siendo sometidos a una inspección que en realidad no se efectuó. Ibarra, en su cargo de subdirector de Inspección desde 1989 hasta 2004, ordenó cargar en un programa informático a 209 contribuyentes, de manera que cuando los inspectores querían acceder a ellos no podían hacerlo, y aunque el condenado aparentaba que iban a ser inspeccionados por él, no hubo tal inspección.
La sentencia, lógicamente, es una muy mala noticia para Ibarra, que había sido absuelto por la Audiencia vizcaina, pero también pone en un aprieto a la propia Diputación, donde el condenado ejercía su trabajo y que había retirado la acusación al entender que la actuación de Ibarra no había causado daño a las arcas públicas. Y, además, señala directamente al PNV, que gobernaba entonces y lo hace ahora en Bizkaia, y cuyo presidente, Iñigo Urkullu, acogió con «satisfacción y felicidad» la primera absolución.