El asunto de los peajes en Gipuzkoa trae a mal traer a las y los transportistas autónomos desde hace ya unos meses, más concretamente desde que empezamos a vislumbrar un cierto cambio de tercio por parte de Bildu en la Diputación de Gipuzkoa, y advertimos que la histórica oposición de algunas de las fuerzas políticas que integran esta coalición respecto a los peajes como instrumento recaudatorio injusto y discriminatorio empezaba a aflojar. La grave situación económica en la provincia y el déficit heredado en lo que respecta a la financiación y mantenimiento de las infraestructuras es la justificación básica para un cambio de opinión que poco a poco se va consumando. Ahora mismo desde la Diputación se ha puesto en marcha una maniobra que no sabemos si es de distracción, dilación o confusión destinada a preparar el camino para anunciar dentro de algunas semanas la ampliación de los peajes de la AP-8 y la AP-1 a la N-1 y a otras vías de la provincia. De las declaraciones públicas que han hecho en las últimas semanas los y las responsables de Transportes y Hacienda de la Diputación y de las reuniones que hemos venido manteniendo con el Departamento concluimos que la apuesta que más puntos tiene es la de plantar una cabina de peaje en Andoain y empezar a cobrar cuanto antes. Es decir, trasladar el peaje de Etxegarate a Andoain y agravar la situación, sobre todo para el tráfico de mercancías interno, es decir, para el transportista local.

Para justificar la extensión de los peajes, al margen del grave problema de la financiación del que más adelante hablaremos, Diputación ha traído a colación viejos argumentos que ya escuchamos en tiempos de Olano. Curiosamente, el Gobierno de Bildu subraya ahora el «consenso político» existente respecto a la necesidad de imponer más peajes en Gipuzkoa y afirma que «todos los partidos comparten que las carreteras no pueden financiarse únicamente vía presupuestos y que los usuarios tienen que pagar por el uso». Pues bien, hasta la fecha Bildu había sido la única fuerza política que no se había sumado a ese argumento demagógico, pero parece que ha cambiado de opinión a última hora y está dispuesta no solo a aceptar, sino a defender e imponer junto al resto de fuerzas políticas de la Diputación un repago de las carreteras que es fiscal y socialmente injusto.

También trae a colación Diputación que hay que ser «respetuosos con la legislación europea» y «hay que ver cuál es la tendencia en los países de nuestro entorno». Hombre, pues con ese argumento del respeto al modelo económico europeo y haciendo caso a las tendencias neoliberales de los países de nuestro entorno, el cambio de modelo económico y social que pregona Bildu va por mal camino. Las políticas de transporte europeas se basan en castigar el transporte local mediante peajes con el único objetivo de recaudar más para construir más carreteras, y también en promover la deslocalización a base de garantizar un transporte barato a costa de la pérdida de derechos laborales y sociales de los transportistas. ¿Es ese el modelo de transporte que va a defender Bildu o es el modelo frente al que se va a plantar?

Sinceramente, a nosotros nos parece incoherente decir, como decía hace pocos meses Larraitz Ugarte, que la Diputación «espera tener mayoría suficiente en las Juntas Generales para paralizar el proyecto y que Etxegarate siga sin peaje» y que se alabe ahora el consenso político a favor de esos mismos peajes. Igual que nos parece incoherente decir, como decía el parlamentario de EA Juanjo Agirrezabalaga, que el peaje propuesto en Etxegarate «empeorará la situación del colectivo de transportistas y agravará su precariedad económica tras sufrir los estragos de la crisis y el encarecimiento del petróleo» y obviar pocos meses después esa misma afirmación.

Por otra parte, también tenemos que decir que nos empieza a rechinar un poco el llamamiento a la responsabilidad compartida que la Diputación hace un día sí y otro también para que la ciudadanía asuma el peso de la irresponsabilidad y de la mala gestión de los gestores políticos pasados, y para que una vez más volvamos a pagar el pato los de siempre.

Hace ya algunos años, en una reunión que Hiru mantuvo con un exdiputado de Transportes, al hilo de la financiación de la AP-1, el citado exdiputado se refería a las «duras» negociaciones que debían mantener con el «sindicato del crimen», en alusión textual a las entidades financieras que participaban en la financiación de esta autopista que a día de hoy -como ya se preveía- es total y absolutamente deficitaria. Es buen momento para traer a colación esta frase, porque nos gustaría saber cómo se negoció y cómo se está negociando la financiación de las infraestructuras de Gipuzkoa. Queremos que la Diputación informe públicamente de quiénes, en qué condiciones económicas, en qué plazos y aplicando qué intereses y con qué contrapartidas participan en la financiación de las carreteras de la provincia. Y dado que, como todos sabemos, los bancos no prestan dinero por amor al arte, y por tanto obtienen pingües beneficios por financiar nuestras infraestructuras, también queremos saber en qué medida van a contribuir o les va a exigir la Diputación que contribuyan solidariamente con un problema que es de todos y todas. Queremos saber qué parte del pato les va a obligar a pagar la Diputación a las entidades financieras, y entonces empezaremos a hablar de responsabilidad compartida.