El Arzobispado navarro ha inmatriculado entre 1998 y 2007 más de 1.200 bienes del patrimonio de la comunidad, apoyándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria -procedimiento abreviado- que permite al diocesano registrar lo que considere de su propiedad sin necesidad de presentar títulos de propiedad que lo acrediten. Esta fiebre registradora -que le ha convertido en la primera inmobiliaria navarra- se dio especialmente con el Arzobispo Sebastián, aunque desde entonces no ha cesado. Cuando se registra es para poder vender, alquilar, hipotecar o cobrar por ver.

Tres son las explicaciones del Arzobispado con las que justifica tal proceder antievangélico: que esos bienes pertenecen a la Iglesia desde tiempo inmemorial. Que fueron levantados por el pueblo de Dios. Y que las inmatriculaciones se han hecho legalmente. Aunque no son totalmente inciertas dichas afirmaciones, trataré de explicar lo que no dicen y ocultan.

Si a la Iglesia pertenecen todos los creyentes, no se entiende que la administración de los bienes, y en este caso las inmatriculaciones, se hayan realizado por parte de la Jerarquía navarra con nocturnidad y alevosía, a espaldas de la comunidad católica, de los propios párrocos y de los ayuntamientos.

La Jerarquía Eclesiástica local responde ante la Conferencia Episcopal Española y esta a su vez ante el Vaticano, un estado extranjero. Por tanto, los bienes registrados en Navarra, en última instancia, pertenecen a Roma. Nadie puede asegurarnos que la venta de parte de ese patrimonio no se haya gastado en procesos judiciales e indemnizaciones por pederastia que a la Iglesia le han costado 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

Recordemos que la mayoría de los bienes registrados fueron levantados por el vecindario o sus instituciones dentro del Antiguo Régimen, siguiendo con esa práctica posteriormente. Ese se caracterizaba por ser feudal, confesional y carente de libertades democráticas que garantizasen la libertad de credo o laicidad. Ser católico no era una elección voluntaria, sino una obligación impuesta. Por tanto, ese patrimonio que levantó «el pueblo de Dios» no se puede asegurar que lo hiciesen solamente los católicos y tampoco que fuera voluntariamente.

Algunos templos y cementerios los construyeron dentro de sus propiedades los ricos hombres y la nobleza para conseguir beneficios económicos. Estos contrataban y pagaban a los clérigos para que oficiasen misas, bautizos, bodas... Ese patrimonio fue pasando a sus descendientes y en algunos casos vendido a los pueblos. Los monasterios y catedrales fueron construidos y mantenidos por las monarquías locales y en la actualidad por el Gobierno de Navarra en nuestra comunidad, naturalmente con los impuestos recaudados al vecindario. Los templos parroquiales fueron levantados y mantenidos por el vecindario de las parroquias, que eran agrupaciones vecinales encargadas del gobierno local, incluido también el religioso (todavía se conserva esa denominación en Galicia). Así construían y mantenían fuentes, lavaderos, frontones... como levantaban y administraban los templos con el diezmo y la primicia que cobraban en especie a los parroquianos. Posteriormente fueron los ayuntamientos quienes sucedieron a las parroquias en la administración, y los que siguieron haciendo dicha labor de gobierno hasta nuestros días. El pago del diezmo y la primicia no siempre se hacía de buena gana y al que se negaba se le presionaba con no entregarle el lote vecinal de leña o la parte del comunal correspondiente.

Los templos parroquiales desde su construcción fueron infraestructuras vecinales que además del culto albergaban batzarres vecinales y municipales, almacenaban documentos del Registro, hacían de cementerio, sus campanas tocaban en caso de incendio y también servían de defensa en momentos de ataques externos, por tanto las iglesias además de impartir el culto, hacían de infraestructuras.

Las inmatriculaciones por parte del Arzobispado han sido «legales», pero ¿de dónde le viene esa cacareada legalidad a la Iglesia española? Tirando de la historia vemos que fue la República francesa la primera que hizo una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado. En España la Primera República limitó los privilegios feudales de la Iglesia. Posteriormente hubo periodos de avances y retrocesos por los diferentes gobiernos y no fue hasta la Segunda República, a partir de 1933, cuando se llevaron adelante las reformas que la sociedad demandaba: la libertad de conciencia y culto en ruptura con el anterior Antiguo Régimen. Esta eliminó el presupuesto para el clero y culto, disolvió las órdenes religiosas convirtiendo sus bienes en propiedades públicas, les prohibió la enseñanza, expulsó y expropió a los Jesuitas, profundizando en un Estado laico al margen de cualquier creencia religiosa.

El golpe de estado franquista del 36 contra la República legalmente constituida, fue apoyado por la Iglesia a nivel económico, legitimándolo ética y moralmente, arengando desde los púlpitos a participar en la guerra y en algunos casos con participación directa. El dictador Franco recompensó a la Iglesia por su apoyo y servicios con la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1946. Con esa legalidad surgida de una evidente ilegalidad les permitió inmatricular todo tipo de bienes -no de culto- que no estuviesen registrados. No se conoce la cuantía de estos pero debieron ser numerosos con un valor incalculable.

Posteriormente, en 1998, el ínclito Aznar reformó el Reglamento Hipotecario, ampliando las inmatriculaciones a los edificios de culto, con lo que se cierra el ciclo «legal», o más bien ilegal de usurpación del patrimonio por parte de la Iglesia Católica. A esto habría que añadir el sostenimiento de la dictadura franquista durante cuarenta años por parte de la Iglesia. Las hemerotecas testimonian el Nacional Catolicismo y guardan documentos de los obispos españoles saludando brazo en alto y también paseando al dictador bajo palio. Todo esto contradiciendo la doctrina de su fundador, Jesús de Nazaret.

No se puede considerar constitucional el que en un estado aconfesional como es el español, una ley ponga al diocesano al mismo nivel que a los representantes de las instituciones democráticamente elegidas y les permita inmatricular bienes sin demostrar su pertenencia. Todo ese patrimonio usurpado «legalmente» debería revertir a sus verdaderos propietarios, el pueblo llano que los levantó y conservó y a sus representantes legales, los ayuntamientos y el Gobierno de Navarra.

La Iglesia católica española es inmensamente rica, contrastando con la pobreza y humildad de Jesús de Nazaret. Posee innumerables inmuebles rústicos y urbanos (algunos de los cuales fruto de expolios), bienes mobiliarios, artísticos y suntuarios de todo tipo. El Estado le permite injustificadamente la opacidad de sus cuentas, así como de las operaciones y transacciones económicas y, además, vive en un paraíso fiscal presuntamente ilegal. Todo esto debería cambiar con la eliminación del vigente Concordato.