Urra Arrizabalaga declaró ayer en la Audiencia de Donostia en el juicio contra el presunto caso de fraude desde la agencia tributaria de Irun y mantuvo que, en los más de treinta años que lleva trabajando para el fisco en este herrialde, no recuerda ni un solo caso de un contribuyente que haya ingresado dinero en las arcas de Hacienda y esa cantidad no haya ido a parar a su expediente concreto.

Urra, que entró como auxiliar en Hacienda en 1987 y que pasó a administrativo en 1990, puesto que sigue ocupando en estos momentos, afirmó que «el sistema de funcionamiento es sencilllo, pero funciona bien, no caben dudas». Explicó que cuando un contribuyente solicitaba el pago fraccionado de su deuda, llegaban a «un acuerdo con él por el que debía ir ingresando una cantidad concreta en la cuenta corriente de Hacienda» habilitada a tal efecto.

Urra, que trabajó cuatro años a las órdenes de Bravo en la oficina de Irun, puntualizó que «cada ingreso de dinero en la cuenta corriente de Hacienda llevaba el número de expediente y el NIF del contribuyente». El funcionario añadió que, una vez ingresada la cantidad, «el mismo día o al día siguiente se aplicaba esa cantidad de dinero al expediente» del ciudadano.

A preguntas del fiscal, Javier Larraya, Urra destacó que en el tiempo que él lleva trabajando en Hacienda no recordaba ni un solo caso de algún contribuyente o algún superior que se hubiera quejado de algún error en el sistema.

Estas declaraciones desmentían a José María Bravo, quien en su defensa alegó supuestos errores que se producían en Hacienda al no coincidir en algunas ocasiones los ingresos de dinero de los contribuyentes con las deudas saldadas de sus respectivos expedientes. Bravo se escudó también en que la aplicación de los ingresos de dinero a su expediente correspondiente se podía demorar varios días, lo que permitiría una margen de error superior.

Asimismo, Urra afirmó tajantemente que no tiene constancia de que en Hacienda se hayan efectuado quitas o rebajas de deuda a ningún ciudadano.

Una casa «estupenda»

Por su parte, Pilar Gracenea, copropietaria de la inmobiliaria de Bravo, funcionaria y subalterna de éste en la oficina de Hacienda de Irun y que estuvo imputada al comienzo del caso, aseguró que desconocía las cuantiosas ganancias que generaba este negocio, del que ella solo obtenía una renta por el alquiler, por el 20% del local.

Declaró además que no recibía cantidad alguna de los beneficios de esta empresa, porque pensaba que el negocio solo «sobrevivía» pues se trataba de una inmobiliaria «de barrio» y «nunca» habían hecho cuentas. «Era algo con lo que yo no contaba», comentó, para precisar además que no pidió la contabilidad de esta empresa hasta que Hacienda inició una inspección.

Gracenea reconoció que Bravo llevaba un alto nivel de vida ya que poseía dos coches y una casa «estupenda», si bien no le extrañó porque «se pasaba todo el día pegado al teléfono» y además tenía otro trabajo como asesor de ayuntamientos.