Después de que el pasado viernes el Gobierno español aprobase su segunda reforma del sistema financiero que, a diferencia de la aprobada en febrero, exige al sector más provisiones para los créditos inmobiliarios que son considerados no problemáticos, las distintas entidades han ido comunicando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las cantidades que tendrán que destinar a ello.

El ranking lo encabeza, precisamente, BFA-Bankia, que deberá efectuar una provisión adicional de 4.813 millones de euros para cumplir con la nueva norma. La entidad, cuya matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pedía su nacionalización hace unos días, ya ha dicho que cubrirá estas necesidades dentro del plazo previsto, aunque no ha detallado cómo.

Muy por debajo de BFA-Bankia se sitúan las provisiones que tiene que hacer el primer grupo financiero español, el Santander, cifradas en 2.700 millones de euros, mientras que en el caso de Caixabank, alcanzan los 2.102 millones de euros.

Esta cifra, sin embargo, podría elevarse hasta los 3.389 millones de euros si se tienen en cuenta las provisiones que debe hacer Banca Cívica (1.287 millones) con la que CaixaBank se encuentra en proceso de fusión. La entidad matizó que, en el supuesto de que esta integración no se realizase, la dotación de provisiones conllevaría unas pérdidas netas de 1.143 millones de euros este año, lo que generarían un déficit de capital principal de 1.452 millones.

En el caso de BBVA, las provisiones adicionales para sanear sus activos inmobiliarios suponen 1.800 millones de euros, a los que hay que sumar otros 48 millones de Unnim, entidad adquirida por el BBVA en marzo.

Esta entidad dotará 800 millones de las nuevas provisiones para cubrir la financiación de suelo, en tanto que otros 350 millones cubrirán la financiación de obra en curso; otros 300 millones serán para la financiación de obra terminada y otros 350 millones para los activos con garantía personal. La entidad calcula que estos impactos supondrán un recorte de 38 puntos en sus ratios de capital.

Kutxabank, 855 millones

Por su parte, CatalunyaBank, entidad en proceso de subasta por la que ha mostrado su interés Kutxabank, también ha anunciado unas provisiones adicionales de 995 millones. Precisamente, Kutxabank comunicó ayer a la CNMV que la nueva reforma le obligará a aumentar sus provisiones en 855 millones de euros brutos, y que podrá hacer frente a ese esfuerzo con soltura, «teniendo en cuenta su sólida posición financiera». Sin embargo, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, quien calificó de «excesivos» los requisitos de la reforma, afirmó que la «potencia de capital» exigida «podría dar origen a algún movimiento» por parte de la entidad vasca para adquirir una mayor dimensión.

Entretanto, Caja Rural de Navarra cifró en 70 millones de euros las provisiones adicionales que deberá afrontar y Banco Guipuzcoano en 64 millones, cantidad que «quedará totalmente cubierta» en el marco de su fusión con el Banco Sabadell, según indicó la entidad.

Caja Laboral e Ipar Kutxa

Por debajo de las necesidades del Guipuzcoano se sitúan las de Caja Laboral, que ayer comunicaba que la cantidad que necesita dotar a provisiones asciende a 49,5 millones.

Según informaron fuentes de la entidad, ello no le hará incurrir en pérdidas y tampoco se verá obligado a recurrir a «ningún tipo de ayuda pública», al tiempo que seguirá con su «hoja de ruta« en la que se incluye la integración con Ipar Kutxa, que deberá aumentar ahora sus provisiones en 43,8 millones de euros brutos (31,5 netos).