Si el 7 de enero Bilbo fue el escenario de una de las mayores movilizaciones de las últimas décadas, que desbordó las principales arterias de la capital vizcaina, ayer el foco se multiplicó casi hasta el infinito en una nueva demostración de la fuerza social que existe en Euskal Herria. Igual que entonces, la defensa de los derechos de los represaliados políticos empujó a miles de personas a desafiar a las nubes negras que amenazaban desde el cielo y a las negras nubes que insisten en dibujar sobre nuestras cabezas los estados español y francés. Herrira había hecho un llamamiento a ocupar las plazas y casi no quedó plaza sin ocupar en todo el país.

En este nuevo tiempo, en el que la apuesta por cerrar definitivamente el ciclo de confrontación pugna con la estrategia de bloqueo diseñada en Madrid, la situación de las presas y presos políticos, contra quienes se mantiene una política carcelaria vengativa y ajena a cualquier parámetro de respeto a los derechos humanos, sigue centrando buena parte del debate político y, sobre todo, la preocupación de la ciudadanía. La de los prisioneros vascos es una realidad tan real y sangrante que resultan baldíos los intentos de desviar la atención con realidades prefabricadas, como la que esta semana se ha escenificado de la mano del Gobierno de Lakua. El Congreso de la Memoria y la Convivencia, que hoy clausura el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es un ejemplo de la actitud impostada que impera en determinados ámbitos políticos y que asoma con especial intensidad desde que el escenario dio un vuelco con el cese de la actividad armada de ETA. Si Patxi López y Rodolfo Ares hubieran querido hacer una aportación a la convivencia y a la memoria colectiva, no habrían organizado un evento tan excluyente y limitado como el que se ha celebrado estos días en la sede de EITB. El lehendakari, fuera de juego hace seis meses, quiso aparentar después una mayor implicación en el proceso, sin embargo, todas las iniciativas que ha esbozado desde entonces han adolecido de la misma irrelevancia y falta de ambición democrática. Cuando habla de convivencia, de memoria o de cualquiera de esas palabras fuerza de las que abusa, su tono suena fingido, irreal.

Dos realidades contrapuestas

Y la sociedad vasca sabe distinguir entre la realidad y ese teatro con el que algunos aparentan hacer algo. Hoy, lo que son reales son los movimientos que está protagonizando una de las partes para avanzar en clave de resolución, tal reales como el inmovilismo, cuando no retroceso, que está caracterizando la actuación del Estado español. Esta semana ETA ha anunciado el nombramiento de una comisión para el diálogo directo con Madrid y París en los términos fijados en la Declaración de Aiete. Con este último comunicado, dirigido a la comunidad europea, la organización vasca da un nuevo paso en el camino emprendido hace unos años, cuyo principal hito fue el anuncio del 20 de octubre. En el lado opuesto, el Gobierno del PP ha rechazado ese diálogo, y lo ha hecho por boca del ministro de Interior, que mantiene inalterable un discurso que le ofrece tantos aplausos en el Congreso como incomprensión en este país.

Esa es la realidad de un Estado que en su inercia represiva acaba de juzgar a una docena de personas por querer articular una oferta electoral hace tres años. Amparo Lasheras, periodista e imputada en el proceso contra D3M y Askatasuna, explicó en su último turno de intervención que se han sentado en el banquillo por defender y ejercer derechos civiles y políticos y, en particular, el de la participación política. Y eso también es una certeza evidente. No hay congresos, ponencias, institutos ni comisionados que valgan cuando este pueblo afronta uno de los episodios más importantes de su historia reciente y la gente observa que se sigue reprimiendo a aquellos que más han hecho por abrir esta nueva etapa, mientras buena parte de su clase política se encoge y trata de sacar réditos de la misma.

Pensando en las elecciones

Se equivocan quienes actúan de esa manera, puesto que la sociedad vasca sabrá valorar el comportamiento de todos los agentes en estos momentos tan cruciales. Lo ha hecho anteriormente, hace apenas unos meses, y volverá a hacerlo en cuanto tenga ocasión. Y es probable que esta no tarde en llegar. Desde que Antonio Basagoiti diera por amortizado el pacto PP-PSE, las elecciones autonómicas sobrevuelan en cada intervención y acto que se celebra en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. De hecho, todas las formaciones han instado al lehendakari a que cierre la legislatura y convoque los comicios, y aunque López sostiene que no tiene intención de hacerlo, el tinte electoral de todos sus movimientos es evidente.

Cuando el secretario general del PSE dice que no está pensando en elecciones transmite la misma credibilidad que cuando habla de convivencia y memoria. No convence a nadie y ya no tiene margen para intentar hacerlo. Ni aunque la campaña durara todo un año.